La ley de Vivienda aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez ha duplicado el tiempo para lograr echar a los «inquiokupas». Ha pasado de 8 o 9 meses a año y medio por la maraña burocrática. El 86'4% de los desahucios en el primer semestre del año en Madrid han sido por impago del alquiler.
Así, los propietarios afectados se enfrentan a todo un calvario para recuperar una casa cuando el inquilino no paga y no siempre lo consiguen.
Primero, deben demostrar que no se es un gran tenedor, por que deben obtener un certificado que así lo acredite. Después, intentar solucionarlo en un arbitraje, lo que conlleva más tiempo de espera y gastos. Sin acuerdo, queda el acudir a los juzgados, lo que conlleva más tiempo de espera por la saturación en que se encuentran. Y tras ganar el juicio, el laberintito no termina si el inquilino pide ser declarado vulnerable. Todo queda paralizado.
Cada mes de espera, más gastos para el casero mientras que las herramientas de protección al inquilino abren la puerta a los abusos
Esta inseguridad ha provocado la desconfianza y el miedo de los propietarios en el último año. La oferta de alquileres se ha reducido un 15%, sólo éste año se prevé una pérdida de 60.000 viviendas. Ello trae consigo una subida constante del precio del alquiler, de media un 13% más.
A principios de 2024 el alquiler medio estaba en 1.069 euros al mes y los expertos esperan que siga subiendo.
Los desahucios en Madrid por impago de alquiler se dispararon tras el confinamiento y llevaban tres años de descensos, pero en la primera mitad de 2024 han repuntado un 26%. El 84% de desahucios son en pisos de alquiler.