Los afectados por las restricciones de tráfico del plan Madrid 360 se han manifestado este sábado, desde la Puerta de Alcalá a Cibeles, contra las prohibiciones de circulación en la capital y por la ejecución de las sentencias que anulan partes de la ordenanza de Movilidad Sostenible.
Bajo el lema "Libertad de circulación", los afectados portaban carteles como "El 1-1-2025 ya no podrás circular con tu vehículo", y coreaban consignas contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, aunque también se ha visto alguna imagen de la exalcaldesa Manuela Carmena, durante la marcha convocada por la Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (AVARM).
Ataviados con chalecos reflectantes y silbatos reclamaban al alcalde Martínez-Almeida que cumpla las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que tumban los puntos discriminatorios de la ordenanza, entre ellos las zonas de bajas emisiones (ZBE).
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha pedido al alcalde que no recurra la sentencia del TSJM, que la cumpla y que no haga la “trampa” de aprobar “por detrás” un nueva Ordenanza de Movilidad.
Hace falta "acordarse de los cientos de miles de madrileños y de aquellos que vienen a nuestra ciudad a trabajar y a desarrollar su vida, y que se les está prohibiendo un derecho fundamental: el derecho a la movilidad”, ha criticado.
Según Ortega Smith, “no todos los afectados tienen la capacidad de comprarse un vehículo eléctrico”, y que les están "breando a multas”, ha denunciado antes de añadir: “El Madrid 360 es un fabuloso negocio y una máquina de recaudación”.
Aunque hay "una sentencia clarísima que le ha deslegitimado", el alcalde sigue "poniendo multas como si no hubiese una sentencia”. Y además “dice que la va a recurrir, porque sabe que un recurso puede tardar entre dos o tres años” y así puede "seguir recaudando multas mientras maquilla la ordenanza actual para que siga todo igual”, ha rematado.
El TSJM ha anulado los criterios de discriminación de la circulación de vehículos en función de las etiquetas medioambientales o al lugar donde pagan el IVTM sus propietarios, sin embargo el Ayuntamiento no ha dejado de sancionar a estos vehículos y anuncia que recurrirá para intentar que se revoque la sentencia.
En concreto, el Gobierno municipal anunció que recurrirá en casación ante el Supremo, al entender que las ZBE no han mermado la economía madrileña, y argumentando que se han dispuesto millones de euros de ayudas para que los madrileños cambien de vehículo para adaptarse al calendario que va limitando progresivamente la circulación de los coches más contaminantes.