La Comunidad de Madrid contesta al Gobierno central que, en la actualidad se atiende en los centros regionales a 2.442 menores inmigrantes, lo que supone una ocupación del 132% de la capacidad de los centros. Este lunes termina el plazo que tenían los gobiernos autonómicos para certificar el numero de menores no acompañados que mantienen en acogida.
La consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha informado al Ministerio de Juventud e Infancia que en 2024 atendió a un total de 2.442 menores extranjeros no acompañados en sus recursos regionales y añaden que esto supone una “sobreocupación del 132 por ciento”.
La consejera madrileña de este área, Ana Dávila, ha explicado en declaraciones a los medios que este pasado domingo enviaron los datos al Gobierno como indica el Real Decreto Ley a las comunidades autónomas, las cuales tenían que informar antes de este 31 de marzo de cuántos menores habían atendido el pasado año.
Dávila ha explicado que en la información han añadido el porcentaje de “sobreocupación”, a pesar de que no se lo solicitaban, porque consideran que es un dato que refleja que está "en riesgo el sistema de atención”.
Igualmente ha añadido que han solicitado, como ya han hecho públicamente en numerosas ocasiones, que se les facilite un perfil de los menores que acogen las autonomías para poder conocer las necesidades que tienen y “dar la atención que requieren”.
En cuanto a 2025, ha dicho que en estos primeros meses ya calculan que habrán superado los 1.000 menores atendidos en sus recursos específicos.
Al menos 12 comunidades autónomas han certificado al Gobierno el número de menores migrantes no acompañados que tienen en acogida, si bien, varias, han recurrido o se plantean recurrir el reparto ante el Tribunal Constitucional.
La consejera del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado para pedirle al Ejecutivo que "configure un plan", "un sistema de control de fronteras", que "intente evitar que tantas personas sigan perdiendo la vida en el mar por la ruta más peligrosa, la ruta Canaria" y que tenga en cuenta "cada caso particular de los menores" y que les trasladen los posibles problemas de salud mental o adicciones.
Dávila ha insistido en que el Gobierno madrileño considera ilegal el reparto de menores por parte del Ejecutivo central y condena que ha sido "impuesto a las comunidades autónomas invadiendo y vulnerando los derechos de los menores".
Por ello, ha recordado que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado la orden a la abogacía regional de que elabore un informe para recurrir este decreto ante el Tribunal Constitucional.
Sobre este asunto se han pronunciado los portavoces en la Asamblea de Madrid.
Vox habla del negocio entorno a migrantes irregulares y pide que se les devuelva a sus países de origen. Isabel Pérez Moniño, ha vuelto a criticar que en la Comunidad de Madrid haya "menas" -menores extranjeros no acompañados- que "están viviendo a todo tren en mansiones en Fuenlabrada" y "con todos sus servicios garantizados a costa de los impuestos y del esfuerzo de muchos madrileños".
La izquierda califica de insolidaria a la Comunidad de Madrid.
Mar Espinar, la portavoz del PSOE en la Cámara madrileña, ha criticado la "actitud manipuladora" de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, con unas declaraciones y una actitud "racista y xenófoba" que "son muy preocupantes", mientras no ponía problemas para acoger a niños ucranianos.
La líder de la oposición y portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha insistido en que es preocupante que la Comunidad de Madrid, la más rica de España, no se esté debatiendo sobre "la forma que se atiende" a los menores que acoge, con un modelo que "los tiene alejados de las ciudades, impiden su participación socio cultural y están hacinados".
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, ha asegurado este lunes que "es imposible planificar sin información" y ha añadido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que "hacer un plan" para "defender las fronteras" que las personas "no deberían cruzar", al igual que "evitar que haya muertes en el mar".
Así, ha asegurado que "la debilidad de las fronteras" está provocando que los centros de atención "estén tensionados", con que "va a ser muy difícil atenderlos en condiciones".