La ley ampara a los ocupas que son declarados vulnerables. El ocupa pide al juez que le declare vulnerable, y éste pide un informe a los servicios sociales municipales, que tiene en cuenta criterios económicos y familiares.
Entre los criterios económicos, por ejemplo que los ingresos de la unidad familiar no superen 3 veces el IPREM, es decir, sería 1.800 euros mensuales; si hay algún miembro de la familia con discapacidad o situación de dependencia, se elevaría a 2.400 euros al mes; y si es una familia monoparental con 2 hijos o más a su cargo, 3.000 euros al mes.
Además se tienen en cuenta otros criterios familiares: una familia con hijos menores de edad ya es declarada vulnerable. También con personas mayores de 65 años o con discapacidad.
Una situación que aprovechan las mafias de la ocupación. Estas ya informan a los inquilinos ocupas cómo solicitar la vulnerabilidad: les piden un dinero, se meten en un piso ilegalmente, y les prometen que amparándose en esta ley no van a ser desalojados.
Con estos baremos, cada vez son más los casos de propietarios de una vivienda ocupada por personas declaradas vulnerables, cuando esos mismo propietarios son también vulnerables y no pueden acceder a su propia casa.
La Plataforma de Afectados por la Okupación denuncia que el Estado delegue sus obligaciones en pequeños propietarios y cuestionan los informes de vulnerabilidad. Además consideran demasiado laxos los criterios legales