Afectados por la okupación tachan de engaño los datos del Gobierno:"Hay miles" de okupaciones en los juzgados
"Estos datos son solo denuncias por los delitos de allanamiento y usurpación; los ciudadanos están buscando vías alternativas", han explicado desde la Plataforma
TELEMADRID / EUROPA PRESS
La Plataforma de Afectados por la Ocupación ha señalado que las cifras aportadas esta mañana por la Delegación del Gobierno en Madrid son "engañosas", se deben a la actuación de empresas de desokupación y "no reflejan la realidad de miles de propietarios, vecinos y familias atrapadas en un sistema ineficaz".
Muchos afectados ni siquiera denuncian porque saben que la Justicia no ofrece soluciones rápidas"
Las okupaciones de viviendas en territorio de la Policía Nacional en la región han pasado de 2.500 en 2023 a 1.300 el año pasado, cuando se recuperaron el 33 por ciento de ellas, cinco puntos más que en 2023, según datos facilitados este lunes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
"La okupación no es solo un número de denuncias, es un problema social grave que sigue creciendo y afectando a cada vez más personas. Lo que no dicen los datos oficiales: la okupación no es solo una estadística. Detrás de cada denuncia hay personas afectadas, propietarios que pierden sus casas, comunidades que sufren la presencia de mafias y barrios enteros deteriorados. Muchos afectados ni siquiera denuncian porque saben que la Justicia no ofrece soluciones rápidas. Justicia lenta, okupas dentro", ha indicado la plataforma en un comunicado.
En 120 Minutos hemos hablado con Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma que ha explicado que “desde el año 2020 no ha habido ninguna modificación legal, ninguna instrucción a los cuerpos y fuerzas del Estado para que se vea una incidencia en la bajada, por lo tanto tendremos que responder a esta bajada con otras hipótesis, y nosotros planteamos que la Justicia, la lentitud, lo caso y las medidas que siempre apoyan a okupas e inquiokupas hacen que los afectados busquen otras alternativas”.
Y es que, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el tiempo medio de espera para dictar una sentencia de desahucio es de 24 meses.
Y si los okupas alegan vulnerabilidad, el proceso puede alargarse hasta seis años por las prórrogas del decreto que deja la carga del problema en manos de los propietarios en lugar de las administraciones públicas.
"La lentitud de medidas eficientes por parte de la legislación hace que los afectados busquen soluciones extrajudiciales más rápidas y efectivas como mediaciones y empresas de desokupación, lo que explica la caída de las denuncias en los dos últimos años", ha indicado la plataforma.
"LA NUEVA TRAMPA: LOS INQUIOKUPAS'"
Según los afectados, cada vez más okupas entran con contrato de alquiler, dejan de pagar "y se aprovechan de la ley para quedarse indefinidamente".
"Este tipo de okupación no aparece en las cifras oficiales, pero es ya la más habitual en España. Los vecinos de edificios okupados también son víctimas. Delegación de Gobierno no cuenta a los miles de personas obligadas a convivir con mafias que controlan edificios enteros", apuntan.
"Si la Justicia tarda dos años en dictar una sentencia a un okupa, ¿cómo Delegación de Gobierno presenta datos de un único año?
Así, la plataforma considera que las cifras oficiales están "desfasadas".
"Si la Justicia tarda dos años en dictar una sentencia a un okupa, ¿cómo Delegación de Gobierno presenta datos de un único año? Sus datos solo cuentan las denuncias recientes, cuando en realidad hay miles de okupaciones aún pendientes de resolución", subrayan.
"Estas cifras solo muestran un planteamiento sesgado intencionadamente para evitar hacer un análisis real del problema de la okupación, obviando el sufrimiento de miles de madrileños. Los datos oficiales no recogen el verdadero alcance del problema ni la cantidad de personas afectadas que siguen sin soluciones", prosiguen.
