El Tribunal Supremo ha dado 10 días improrrogables al Gobierno para hacerse cargo de un millar de inmigrantes menores no acompañados que se encuentran en Canarias y han pedido asilo. El Alto Tribunal acepta así una medida cautelar solicitada por el ejecutivo canario.
Se trata de una medida cautelar positiva que pretende garantizar el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de aquellos menores que ahora están a cargo de los servicios de protección de menores de la comunidad autónoma de Canarias.
Esta medida debe llevarse a cabo, dice el Supremo, con la necesaria colaboración y cooperación de la comunidad autónoma requirente, y mediante actuaciones que deberán desarrollarse bajo el principio del superior interés del menor.