El Gobierno de Pedro Sánchez no da marcha atrás tal y como le han pedido las víctimas del terrorismo y el PP y sigue adelante con la modificación legal que va a rebajar la pena de 44 etarras y que dejará en libertad a al menos otros 7. Este lunes 14 de octubre es la fecha límite para su tramitación y se vota en el Senado.
La modificación de esta norma se aborda tras haber pasado por el Congreso, donde fue aprobado por la unanimidad de todos los grupos, después de que el PP lograra aplazar su votación en la Cámara Alta tras reconocer haber cometido un "error injustificable" al respaldarla anteriormente.
El pleno comenzará el lunes a las 12:00 y tendrá un solo punto en el orden del día: debate y votación de la reforma de la ley de antecedentes penales de la UE.
Es la ley que ha agitado la vida política española de la última semana, porque después de que fuera aprobada unánimemente en el Congreso, y de que no recibiera enmiendas en el Senado, la víspera de la que iba a ser su aprobación definitiva la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) lamentó que vaya a servir para que los presos de ETA que cumplieron cárcel en Francia cuenten ese lapso para su condena en España.
En el pleno del martes pasado el PP sacó adelante un aplazamiento de seis días, el máximo que podía, por lo que la ley tendrá que aprobarse definitivamente este lunes, sin que la votación en contra que se prevé lo pueda impedir.
Desde el Ejecutivo, por su parte, defienden que el PP conocía lo que votaba y que el texto -que es la transposición de una directiva europea- es el mismo que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014.
Entre tanto, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha pedido dimisiones por la aprobación en el Congreso "sin leerla" de la reforma que beneficia a presos de ETA, porque "solo con las disculpas no vale" y ha enviado una carta al presidente del Gobierno en la que expresa su devastación e indefensión.
Otras, como la Fundación Fernando Buesa, en memoria del vicelehendakari socialista asesinado por ETA, ha pedido "sosiego, sensatez y, sobre todo, respeto" hacia las víctimas del terrorismo tras la exhibición de fotos de víctimas socialistas de ETA, incluida la de Fernando Buesa, por parte del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.
Si no hay novedades, la reforma de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales, que traspone una directiva europea, será aprobada este lunes y posteriormente publicada en el BOE.
A partir de ese momento, será cada preso afectado por la norma quien tendría que solicitar a la Audiencia Nacional que vuelva a calcular su salida de prisión, una decisión que puede ser recurrida por la Fiscalía y las víctimas personadas en cada causa.
En febrero de 2022, la AVT presentó un dossier de los entonces 48 etarras que podrían verse beneficiados de un eventual cambio legal. Dos años y medio después, cuatro han salido en libertad tras cumplir íntegramente su pena, pero otros 44 que han estado encarcelados en Francia podrían ver acortada su estancia en prisión con la nueva ley, además de que podrían acceder al tercer grado y a la libertad condicional antes.
No sería el caso del exjefe de ETA Francisco Javier García Gaztelu, Txapote. La Audiencia Nacional ya tuvo en cuenta en 2014 la pena impuesta por un tribunal francés al acumular sus condenas, de modo que previsiblemente este reforma legal no implicaría su salida de prisión antes de tiempo.