La Audiencia Nacional procesa a 15 integrantes de los Dominican Don't Play
- Dos están acusadas del asesinato de una joven de 25 años en Usera en febrero de 2022
- El resto estarían implicados en tráfico de armas y drogas y en falsificación de moneda
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Foto: Telemadrid
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procesado a quince presuntos integrantes de la banda juvenil Dominican Don't Play (DDP) que estarían implicados en tráfico de armas y drogas y en falsificación de moneda, y a otras dos personas por un homicidio perpetrado en Madrid en 2022.
Se trata de la primera causa contra esta organización -declarada ilegal en 2013- que se acerca a juicio en la Audiencia Nacional, donde llegó hace tres años procedente de un juzgado de Toledo.
En un principio, el juez Pedraz rechazó asumir la competencia para investigar estos hechos, si bien la Sala de lo Penal acabó instándole a hacerlo, dado que la Audiencia Nacional es el órgano encargado de perseguir el delito de falsificación de moneda, de modo que acabó haciéndose cargo de toda la causa.
Ahora, la investigación ha llegado a su fin y el magistrado ha propuesto juzgar a un total de 17 personas: 15 de ellas por los delitos de asociación ilícita, tráfico de armas, contra la salud pública falsificación de moneda y tenencia de útiles para la falsificación de moneda; y otras dos por su presunta implicación en el homicidio de un joven de 25 años en el barrio madrileño de Usera en 2022.
Uno de los detenidos por el crimen de Usera fue arrestado también en la red de proxenetas de las niñas tuteladas
En un auto dictado el pasado mes de febrero, el juez explica que las pesquisas se han centrado en torno a la organización Dominican Don't Play, "involucrada en delitos de riñas tumultuarias y delitos de lesiones", muchos mediante armas blancas y otros objetos contundentes.
Subraya el juez que esta organización fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo en 2013 por "incitar o favorecer el odio, la hostilidad y la violencia contra las personas, grupos u otras asociaciones, así como por promover la comisión de delitos y utilizar medios violentos para la consecución de sus fines".
En este caso, los hechos que el magistrado propone juzgar se refieren a "acciones delictivas relacionadas con el tráfico y tenencia de armas y tráfico de drogas".
Por ejemplo, a uno de los procesados se le vincula con la compraventa de armas, contando con diferentes proveedores, pero también con la falsificación y expedición de moneda falsa, a tenor de lo descubierto en las intervenciones telefónicas.
