Francisco Javier Cillán, presunto cerebro de la trama de hidrocarburos sostiene que seguía órdenes de los cabecillas

  • Descarta que fuese el ideólogo del fraude y asegura que si daba directrices es porque las recibía de sus superiores
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El presunto cerebro del supuesto fraude en el IVA de los hidrocarburos perpetrado a través de Villafuel, Francisco Javier Cillán, ha sostenido este miércoles en la Audiencia Nacional que él era un mero administrativo y que seguía órdenes de una de las supuestas cabecillas, María Luisa Rivas, y de otro de los acusados, Pedro Antonio Marín.

Fuentes jurídicas han precisado a Europa Press que, en su declaración como acusado ante el juez Santiago Pedraz, Cillán ha negado ser el ideólogo del fraude cuantificado por la Guardia Civil en 231.727.536,51 euros, y que se habría realizado entre 2021 y 2024.

Cabe destacar que la Unidad Central Operativa del Instituto Armado señala a Cillán como jefe de operaciones de Villafuel y como un gran conocedor del sector de los hidrocarburos, así como máximo responsable de la coordinación administrativa y comercial y tributaria de la estructura empresarial.

Sin embargo, el propio Cillán --que solo ha contestado a preguntas de su abogado-- ha aseverado que no tenía experiencia en el sector de los hidrocarburos cuando empezó a trabajar con Villafuel.

Además, ha asegurado que únicamente seguía las instrucciones de María Luisa Rivas, la hermana del empresario Claudio Rivas, uno de los socios de Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del 'caso Koldo' y también investigado en esta causa.

Cillán, según las citadas fuentes, también seguía las directrices marcadas por Marín, a quien la Guardia Civil señala como administrador único de Villafuel, "actuando como persona aparentemente interpuesta por los titulares reales de la mercantil, María Luisa y Claudio Rivas".

En su declaración, Cillán se ha definido como un mero administrativo que picaba datos, se ha desmarcado de la operativa defraudatoria del IVA y ha señalado que si consta que dio órdenes a otros investigados es porque la dirección de la presunta trama impartía las mismas a los administrativos.

Según Cillán, no había ningún tipo de vínculo que no fuera una relación comercial entre Villafuel y las otras sociedades investigadas comercializadoras.

Además, el investigado ha apuntado que Villafuel no estaba obligada a pagar el IVA de las ventas en su condición de operadora dentro del depósito fiscal porque, según ha apuntado, la empresa vendía en régimen suspensivo dentro del depósito fiscal.

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Las fuentes consultadas añaden que Cillán ha detallado que Villafuel compraba y vendía combustible y dichas operaciones se realizaban dentro de los tanques de Exolum-CLH, a través de la plataforma SIO.

En este contexto, Cillán habría apuntado que la Agencia Tributaria tenía conocimiento cada tres días de todas las transmisiones, porque Villafuel estaba en el Suministro Inmediato de Información.

Así, el investigado ha incidido en que a Villafuel le auditaron los ejercicios de 2021, 2022 y 2023, ha defendido, sin ningún tipo de salvedad.

Por último, ha señalado que Villafuel tiene compliance penal y que todos los empleados hacían cursos sobre el mismo.

RONDA DE DECLARACIONES

Estaba previsto que el instructor tomase declaración este mismo miércoles a Marín, pero la diligencia ha sido reagendada para el próximo 12 de marzo por un problema de agenda de su abogado.

La de Cillán es la primera declaración en instrucción en esta causa, y forma parte de una ronda que continuará este viernes con la de Félix Aparicio y a Oriana Elisett.

El primero figura como administrador de la suministradora Salamanca Fuel Center, y habría sido presuntamente introducido en la trama por el investigado Luis Alberto Escolano.

"Ahora si por fin me uno a vuestra familia", le habría escrito Aparicio a Escolano en un mensaje en octubre de 2021.

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Elisett, por su parte, figura en el sumario de la causa como administradora de la mercantil Canary Island Fuel Company SL.

"Desarrolla funciones de testaferro a las órdenes los líderes de la organización criminal, al objeto de desvincularles de la administración real de la mercantil", señala la Guardia Civil en uno de sus informes.