El fiscal general del Estado reconoció en su declaración ante el juez del Tribunal Supremo que cometió un error en el caso del filtrado de los datos de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Álvaro García Ortiz aseguró en su declaración que la fiscalía debió informar sobre el caso desde el momento en el que se supo que el investigado era, a su juicio, una persona relevante como lo son deportistas famosos como Xabi Alonso, Ancelotti o Mascherano, aunque se trataba en realidad de un contribuyente particular.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, negó en su declaración ante el Tribunal Supremo y a preguntas de su defensa haber facilitado, divulgado o revelado la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos objeto de la causa que afecta a Alberto González Amador, pero sí consideró que fue un "error" no haber informado en nota de prensa a los medios del asunto nada más enterarse.
García Ortiz responsabiliza de ello a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, de la que asegura tiene un "desafecto" hacia la actual cúpula fiscal.
Su colaborador más próximo en la Fiscalía, el fiscal de la secretaría técnica, ha negado hoy ante el juez que filtrara el correo sobre el novio de Ayuso y que no tuvo acceso al mismo. Villafañe ha manifestado que él solo se limitó a cumplir ordenes.
García Ortiz negó además haber intentado perjudicar a González Amador por ser la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso. "En absoluto".
BORRA EL MÓVIL PORQUE "ES IMPOSICIÓN LEGAL"
En otro momento del interrogatorio de su defensa, el fiscal general explicó que desde que fue nombrado fiscal jefe de sala de la Secretaría Técnica hasta hoy ha cambiado 6 veces de terminal móvil, algo que explicaría que recientemente lo hubiera hecho. Y sumó que borra "absolutamente todo" lo contenido en su móvil "de una manera regular" dado que los datos "son ultrasensibles". "Yo no puedo permitirme el lujo de perder o de que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tiene", añadió.
En este sentido, matizó que no borra regularmente "porque ejerza el libre derecho a manejar el terminal como quiera" sino que lo hace porque "es una imposición legal".
"Debemos borrar los datos de nuestros terminales, y no lo digo yo, lo dice un reglamento de protección de datos de la Unión Europea", advirtió, para aclarar que "los datos son un patrimonio y si circulan por sitios que no deben son un perjuicio inmenso, es un principio básico, absolutamente básico".
Al hilo, tildó de "inferencia ilógica" que se sostenga que cambió de terminal el 23 de octubre de 2024 por esta causa en concreto. "Si yo hubiera querido ocultar datos, hubiera cambiado el 30 de julio, que es cuando se eleva la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia, o lo hubiera cambiado el 15 o el 16 de octubre, que es cuando el Tribunal Supremo acepta esa exposición razonada, no iba a exponer mis datos durante 6 días a la ligera", comentó.
Tras esto, incidió en que, además, en ese momento era "absolutamente impensable para un fiscal general, no hay precedentes en todo el derecho europeo, que se entrara en el despacho del fiscal general y que se le incaute el dispositivo".