Termina la pesadilla para los vecinos del edificio okupado en la calle Excelente, en Carabanchel. Tras más de dos meses de protagonizar conflictos y amenazas, los últimos okupas han recogido esta mañana sus pertenencias y se han marchado de los seis pisos en los que vivían ilegalmente.
Una empresa de desokupación se ha encargado de vigilar la marcha de los últimos okupas, en su mayoría peruanos. "Han sido dos meses de horror", comentaba una vecina. "Nos dan ganas de hacer una fiesta", apunta otro vecino.
Más de dos meses después de ocupación, con inseguridad, peleas y temor, los vecinos pueden respirar, aunque adoptan medidas y piden a la propiedad que se esfuerce en que no vuelva a ocurrir. Esperan no tener que volver a organizar patrullas vecinales para evitar el efecto llamada.
Se van de aquí pero hay un nuevo vídeo del objetivo de la mafia de ocupación. Un hombre, apodado El Gordo o El Paraguayo, es uno de los presuntos cabecillas. Él habría grabado los vídeos en los que amenazaba con buscar nuevos objetivos. Ha sido detenido este mediodía junto a otras dos personas más en pleno desalojo de los okupas de la calle Excelente.
Policía Nacional investiga esos vídeos y la presunta organización dedicada a la ocupación ilegal. De hecho, agentes de paisano han pedido la documentación a los okupas que se iban esta mañana y también han registrado la furgoneta donde cargaban sus enseres, según ha podido saber Telemadrid.
Mafia okupa
Este edificio situado en la calle Excelente número 6 fue okupado en el pasado puente de la Constitución. Según las pesquisas, una mafia habría vendido ilegalmente estas viviendas situadas en el PAU de Carabanchel, que todavía no estaban habitadas, a familias de origen peruano por unas cantidades entre los 2.000 y los 3.000 euros. Se las habían ofrecido días antes en la cola de un comedor social de una iglesia del barrio.
Casi una treintena de familias llegaron a la urbanización con furgonetas de mudanza y, tras cambiar las cerraduras de los pisos, entraron en los mismos frente al asombro de los vecinos que legalmente se encuentran viviendo en el lugar pagando sus alquileres, que oscilan entre los 800 y los 1.500 euros.
Los usurpadores contaban con su propio conserje, que les abría la puerta desde el interior empujando la manilla.