El representante legal de Telefónica ha asegurado este miércoles en sede judicial que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, contactó con el empresario y accionista de la 'teleco' Rosauro Varo para que mediara y consiguiera que la compañía participase en el desarrollo de un 'software' del master que la primera imparte en la Universidad Complutense de Madrid.
Así lo asegurado en su declaración como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, en el marco de la investigación que se sigue contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
Al parecer la propia Begoña Gómez llamó por teléfono a Rosauro Varo para conseguir apoyos de Telefónica para el desarrollo del 'software' de la cátedra Transformación Social Competitiva (TSC).
El testigo ha indicado que llegaron a celebrarse al menos dos reuniones con Telefónica en diciembre de 2021 y que en una de ellas habría estado presente Gonzalo Martín-Villa, entonces consejero delegado de Telefónica IoT & Big Data Tech, según las mismas fuentes.
El representante legal de la empresa también ha señalado que en dichas reuniones se dijo que el 'software' sería para la Complutense y quedaría en propiedad de la universidad.
Rosauro Varo, presidente de GAT Inversiones es un empresario hijo de la dirigente socialista andaluza Juana Amalia Rodríguez, que hizo fortuna con las licencias de VTC. En la actualidad es vicepresidente del Consejo de Administración de Movistar Plus+ y consejero de Telefónica España y Acciona Energía.
Varo tuvo también negocios con Javier Hidalgo, investigado en el caso Koldo y socio en varios negocios del conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.
SUSPENDIDA LA DECLARACIÓN DE GOOGLE E INDRA
Aunque estaba previsto que este miércoles también declararan los representantes legales de Google Spain, de Indra y de Arsys Internet, finalmente solo se ha celebrado el interrogatorio al representante de Telefónica.
Las fuentes consultadas explican que en el caso de Google Spain y de Arsys Internet hubo problemas técnicos para llevar a cabo la videoconferencia, mientras que en el caso de Indra el juez consideró que el representante que acudió no era el que tenía que comparecer.
En el sumario de la causa consta que Indra informó por escrito al juez a principios de diciembre de que invirtió 128.442 euros en el 'software'.
Por su parte, esta misma semana ha trascendido que Google ha comunicado al juzgado que invirtió 110.000 euros.