El juez Hurtado pregunta a Informática de la Fiscalía si formateó el móvil de García Ortiz
- El Tribunal Supremo ordena a la UCO hacer otro volcado del teléfono del Fiscal General
- El Supremo reclama a la Fiscalía General del Estado la normativa interna sobre el uso de móviles y correos electrónicos
El magistrado del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos ha preguntado al departamento de informática de la Fiscalía General si formateó el móvil del jefe del Ministerio Público.
En el marco de las diligencias acordadas, el instructor ha reclamado a dicho departamento que aporte la relación de ocasiones en las que el fiscal general ha cambiado de móvil, con indicación de los datos de referencia de cada terminal.
También ha ordenado al equipo de informática que remita los dispositivos móviles entregados por García Ortiz desde el 7 de marzo de 2024 a la Fiscalía General del Estado; y que informe sobre si los anteriores dispositivos móviles han sido formateados.
En caso afirmativo, pide la identidad de la persona que haya procedido al formateo y la fecha en la que dichos formateos se hayan producido, así como el software utilizado.
El magistrado Ángel Hurtado ha acordado dichas diligencias en una auto, recogido por Europa Press, en el que también acuerda pedir al delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal que aporte copia de los protocolos o normativa interna aprobada y existente en la Fiscalía y, específicamente, en Fiscalía General del Estado, relacionados con el uso de teléfonos móviles y uso de email de todo tipo (particulares y corporativos) por los fiscales.
Hurtado ha acordado ambas diligencias después de que el pasado diciembre lo solicitaran las acusaciones personadas en la causa que abrió en octubre contra García Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por la revelación de secretos que denuncia Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
La UCO señala al Fiscal General del Estado en la filtración de los datos confidenciales de la pareja de Ayuso
En el marco de la resolución, el magistrado rechaza la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de extender en este momento la investigación a un presunto delito de prevaricación administrativa.
También desestima la diligencia solicitada por la acusación particular para que se requiera a la Fiscalía Provincial de Madrid la fecha de designación del fiscal encargado de las Diligencias Previas en las que está incursa Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, al considerar que "no ve la relación que dicho procedimiento pudiera tener con el presente".
ORDENA A LA UCO UN NUEVO VOLCADO
Además, el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración de los datos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hacer un nuevo volcado de los mensajes del teléfono móvil Samsung del fiscal general.
La secretaria de la Sala de lo Penal, siguiendo las instrucciones del magistrado, insta a la UCO a recabar una copia de la información completa que obraba en el teléfono intervenido al fiscal general en el registro de su despacho, el pasado 30 de octubre.
La Guardia Civil registra el despacho del Fiscal General del Estado por orden del Supremo
Esa copia se entregará a los agentes para que vuelvan a analizar los datos y para que traten de recuperar los mensajes borrados que se intercambiaron en los días en los que presuntamente se produjo la revelación de datos privados de Alberto González.
En este móvil, la UCO no encontró mensajes entre los días 8 y 14 de marzo, fechas en las que supuestamente se produjeron los hechos.
El fiscal general aseguró que los mensajes fueron borrados en aplicación de un protocolo de seguridad y, además, se supo después que García Ortiz había cambiado de terminal en el mes de octubre, cuando ya sabía que estaba imputado por el Supremo.
El Fiscal General del Estado cambió de móvil después de que el Supremo le encausara y antes del registro de la UCO
Contra esta decisión cabe interponer un recurso de reposición en el plazo de tres días por parte de la teniente fiscal del alto tribunal, María Ángeles Sánchez Conde, o por la defensa del fiscal general, que ejerce la Abogacía del Estado.
