La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, transmitió este martes y hasta en varias ocasiones la "confianza absoluta" que mantiene el Ejecutivo en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, encausado en la investigación judicial por la presunta filtración de unos mensajes de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Así lo afirmó Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrada en La Moncloa, en la que reiteró que "este Gobierno mantiene la confianza absoluta hacia el fiscal general del Estado".
El Ejecutivo se enroca así en mantener su confianza en García Ortiz, horas después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acreditase que borró sus mensajes en WhatsApp "hasta en dos ocasiones" el mismo día que el Tribunal Supremo abrió la causa contra él.
Alegría señaló que "hay una instrucción abierta y hay que respetar que discurran los plazos como correspondan", pero continuó reiterando una "clara confianza en el fiscal". "No tenemos ninguna duda de que la verdad pondrá las cosas en su sitio y se podrá empezar a centrarse en los delitos fiscales".
A su vez, Alegría insistió en que le parece "mucho más sospechoso que un presunto defraudador todavía no haya declarado en este país, ni ha hecho ninguna declaración desde hace un año" y añadió que "la Fiscalía cumple con su trabajo cuando desmintió un bulo de un señor que traslado a los medios", concluyó en defensa de García Ortiz y señalando al jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
RECURSOS CONTRA EL REGISTRO DEL DESPACHO DEL FISCAL GENERAL
El Tribunal Supremo estudiará este martes los recursos que presentaron la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la decisión del magistrado Ángel Hurtado de autorizar la entrada y registro en el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para investigar la presunta revelación de secretos denunciada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Fuentes jurídicas confirman a Europa Press que tres magistrados de la Sala de Apelaciones --Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo de Porres-- tienen fijado el 11 de febrero para la deliberación y fallo sobre dichos recursos, en los que se denuncia una vulneración de derechos fundamentales que conllevarían la nulidad de ese registro y del efectuado ese mismo 30 de octubre en el despacho de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
De estimarse las pretensiones de Fiscalía y Abogacía, la causa se tambalearía porque la mayor parte de los indicios observados por Hurtado se fundamentan en el material requisado en esos dos registros y en el análisis que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hecho del mismo.
El debate tendrá lugar tres meses y medio después de que la UCO registrara el despacho de García Ortiz y días después de que éste y los otros dos investigados --Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe-- declararan como investigados ante el instructor de la causa.
En el caso del despacho del fiscal general, fueron más de diez horas de registro --desde las 12:30 y hasta las 23:00-- que culminaron con un volcado del contenido íntegro de sus dos teléfonos --el personal y el oficial--, un portátil, un ordenador de mesa, una tablet y multitud de USB.
La Guardia Civil entregó al magistrado un informe en el que avisó de que había hallado "cero mensajes" en los dispositivos de García Ortiz.
La Fiscalía considera que ambos registros son nulos y que todo lo hallado en ellos no debería tenerse en consideración en la investigación. A su juicio, los autos de entrada y registro "no contienen razonamiento alguno para justificar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas acordadas".
En el recurso, al que tuvo acceso Europa Press, la fiscal a cargo de este procedimiento --la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde-- indica que dicha actuación excedía por "mucho" lo solicitado por el abogado de González Amador, que pedía que la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid entregara copia de correos electrónicos recibidos y enviados desde dos direcciones, y que Google aportara copia de 'emails' del fiscal general.