Desalojan a casi 200 personas que duermen de forma habitual en el aeropuerto de Barcelona
- La operación se realiza a pocos días de la celebración en Barcelona del Mobile World Congress (MWC)
- Entidades sociales califican de "inaceptable" dejar al raso a los sinhogar del aeropuerto
Un operativo formado por agentes de los Mossos d'Esquadra, guardias de seguridad y equipos de los servicios sociales de los ayuntamientos de El Prat y Barcelona procedieron anoche al desalojo de unas 180 personas que duermen habitualmente en el aeropuerto barcelonés de El Prat.
La operación se ha realizado a pocos días de la celebración en Barcelona del Mobile World Congress (MWC), que aspira a superar este año los más de 101.000 visitantes en la capital catalana. Algo, de lo que el presidente de Aena, Maurici Lucena, ha desvinculado la actuación de este martes por la noche en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.
Por su parte, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que el Ayuntamiento está atendiendo a las personas sin hogar desalojadas del Aeropuerto del Prat, aunque ha remarcado que no es su competencia y que la responsabilidad de esos servicios no debe "recaer siempre" en la capital catalana.
El delegado del Gobierno culpa al Ayuntamiento y la Comunidad del aumento de sintecho en Barajas
Las entidades pertenecientes a la Mesa del Tercer Sector Social y de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) han emitido un comunicado conjunto para calificar como "inaceptable" que se haya dejado al raso y sin acompañamiento ni alternativa habitacional a decenas de personas desalojadas del aeropuerto de Barcelona.
Estas entidades, muchas de ellas implicadas en dar apoyo a los sinhogar y los más vulnerables, han mostrado su rechazo a la actuación de Mossos, a petición de AENA, y al hecho de que se haya llevado a cabo sin darles "alternativa de pernoctación".
A pesar de que la propia AENA ha reaccionado a las críticas recordando que son los servicios sociales quienes deben dar respuesta al colectivo, las entidades han apelado "a la responsabilidad del conjunto de las administraciones públicas" porque "todas tienen la obligación de garantizar los derechos humanos".
