Miles de funcionarios salen a la calle convocados por CSIF para exigir la subida salarial

  • El sindicato no descarta convocar paros en las próximas semanas
Foto: EUROPA PRESS |Vídeo: Telemadrid

Miles de trabajadores públicos, según cifras de CSIF, se han vuelto a concentrar este viernes en toda España para reclamar una subida salarial para los funcionarios, así como una mejora de las condiciones laborales en el sector público.

"Vamos a seguir movilizándonos en toda España y no descartamos ninguna otra medida de presión. O el Gobierno reacciona o va a tener una primavera caliente", ha advertido el presidente de CSIF, Miguel Borra, en declaraciones a los medios durante la concentración.

Esta protesta forma parte del calendario de movilizaciones al que dio inicio el sindicato el pasado 19 de marzo con el objetivo de lograr la mejora de los sueldos de los funcionarios.

En la misma, Borra ha avisado que están valorando "paros parciales" en las distintas administraciones públicas si el Gobierno no aprueba la subida salarial pendiente del 0,5% adicional de 2024, que podría hacerse vía decreto, tal y como se hizo la semana pasada en el caso del personal militar.

Junto a ello, reclaman la negociación de un nuevo acuerdo salarial tras haber perdido los funcionarios públicos un 9% desde 2022, cuando se firmó el último acuerdo retributivo, y más de un 20% desde los recortes de 2010.

Además, CSIF pide recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extraordinaria.

JORNADA DE 35 HORAS SEMANALES Y NUEVA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

De igual manera, CSIF reivindica una jornada laboral de 35 horas semanales en el conjunto del Estado y la implementación de la carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.

También pide negociar una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición ante el hecho de que el 60% de la plantilla de la Administración General del Estado se jubilará a lo largo de los próximos 10 años.

El sindicato exige también la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas, la mejora de las condiciones de jubilación, y una regulación inmediata para que los funcionarios y estatutarios puedan acogerse a la jubilación parcial.

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