El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado este viernes un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el proyecto del Ejecutivo de Pedro Sánchez de declarar lugar de memoria democrática la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, que desde 1985 es sede de la Presidencia regional, por considerar que supone una “invasión de competencias”.
La Comunidad de Madrid ya había presentado una serie de alegaciones que fueron rechazadas, por lo que ha decidido llevar el caso al Constitucional, según ha anunciado este viernes el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García, en declaraciones a la prensa.
García ha insistido en que esa declaración “invade las competencias exclusivas” de la Comunidad de Madrid, por lo que ha advertido que “no van a permitir” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “siga campando a sus anchas, colonizando todas las instituciones”, ni que “imponga su visión sesgada y partidista de la realidad”.
Además, los letrados de la Comunidad solicitan en el recurso la suspensión cautelar del expediente administrativo de declaración mientras se tramite el conflicto de competencias para evitar los daños y perjuicios, “de imposible o muy difícil reparación”, que consideran que se ocasionaría “si se llegara a aprobar antes de la resolución del recurso”, ha informado la Comunidad en una nota.
En el recurso defienden que el título competencial en el que se ampara el Gobierno para la declaración de “lugar de memoria democrática” es “insuficiente” ya que no cubre las competencias de carácter ejecutivo como esta, que deben corresponder a las comunidades autónomas.
Además, consideran que la jurisprudencia del TC atribuye a la Administración regional “competencias exclusivas” sobre este edificio, por ser la sede de su Presidencia y tratarse de un inmueble de dominio público autonómico declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
Por ello, defienden que son “inconstitucionales” los artículos de la Ley de memoria democrática que atribuyen al Estado la competencia para declarar un espacio como “lugar de memoria democrática” sin tener en cuenta las competencias de la comunidad autónoma.
Madrid recurrirá ante el Constitucional que la Real Casa de Correos sea lugar de memoria
La Comunidad de Madrid ve “falta de lealtad institucional”
El pasado 24 de octubre se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por la que se inició un expediente administrativo para declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática, atendiendo a la Ley de memoria democrática.
La Comunidad de Madrid ya presentó alegaciones el pasado mes de noviembre, denunciando la “falta de lealtad institucional” del Gobierno “por no haber existido comunicación previa alguna por parte del ministerio”, y alegando también “falta de justificación de la medida”.
En este sentido, argumenta la Comunidad que un “periodo ínfimo” del pasado de la Real Casa de Correos “no puede transformar la verdadera significación histórica, simbólica y la repercusión que en la memoria colectiva ostenta este edificio” que, en la actualidad, alberga la sede de la Presidencia regional.
Defienden que a lo largo de más de 250 años esta construcción ha tenido numerosos usos, desde oficina central de Correos hasta “testigo” de los hechos del 2 de mayo de 1808; ha albergado la Capitanía General, el Gobierno Militar y la sede del Ministerio de Gobernación, y ha sido protagonista de la proclamación de la Segunda República.
Además, defienden que “en la memoria de todos los madrileños y españoles se vincula con la celebración de las campanadas del año nuevo y con el Kilómetro Cero”.
El Gobierno dice que fue un "símbolo de represión"
Desde el Gobierno llevan meses insistiendo en que este edificio fue sede de la Dirección General de Seguridad franquista, que "jugó un papel central en la represión política y social y se convirtió en símbolo de la represión".
También argumentan que en sus sótanos “miles de personas detenidas fueron interrogadas y sometidas a tortura por motivos políticos e ideológicos”, y por ello lamentan que, "a pesar de los datos históricos contrastados, la Comunidad de Madrid se niega a colocar una placa" que recuerde estos hechos.
Por otro lado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que el requerimiento de incompetencia de la Comunidad Madrid “carece de fundamento” y que en su decisión de convertir la Real Casa de Correos en lugar de memoria no hay "vulneración ni invasión de competencias autonómicas".
De hecho, desde el Gobierno han sostenido estas semanas que la propia Ley de memoria democrática recoge que es compatible esa figura con el uso institucional y de servicio público que tiene actualmente el edificio como sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.