Las medidas puestas en marcha por el Gobierno municipal madrileño desde abril del año pasado para fomentar el uso de las viviendas como residenciales frente a la opción turística está ofreciendo resultados positivos. En 2024 aumentó un 82% el número de viviendas en las que, dedicándose irregularmente al uso turístico, se ha restablecido la legalidad. Se trata de viviendas en las que sus propietarios han decidido cumplir voluntariamente lo ordenado por la Agencia de Actividades ante la apertura del procedimiento.
A lo largo del pasado año, se ha restablecido la legalidad en 251 viviendas, lo que supone un incremento muy importante respecto a 2023, cuando esta cifra fue de 138. Este cambio de tendencia se ha concretado después de que el pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Madrid activara un plan de acción frente a las viviendas de uso turístico: se suspendió la concesión de nuevas licencias, se endureció el régimen sancionador con multas de hasta 190.000 euros para los propietarios de VUT sin licencia municipal, se reforzó la plantilla de inspectores y se publicó el listado de las VUT que operan legalmente en la ciudad con el detalle de su ubicación.
Además, la Agencia de Actividades también alumbró el pasado año su primer Plan de Inspección Urbanístico que, entre otras cuestiones, situó las viviendas de uso turístico como una de sus líneas de acción preferentes junto al ocio nocturno. En noviembre, la Junta de Gobierno aprobó inicialmente el Plan RESIDE con el doble objetivo de proteger el uso de la vivienda habitual y ubicar los pisos turísticos fuera de los edificios residenciales.
Este plan, que acaba de pasar por el trámite de información pública, entrará en funcionamiento a lo largo de 2025. En el balance anual ofrecido respecto a las viviendas de uso turístico, el servicio de Inspección y Disciplina de la Agencia de Actividades ha recibido en 2024 un total 2.310 escritos, de los que 1.299 son denuncias.
De las inspecciones llevadas a cabo el pasado año, se han detectado 623 viviendas dedicadas al uso turístico, lo que representa un incremento del 30% respecto a 2023. Asimismo, el informe de gestión recoge el inicio 490 expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística, que afectan a un total de 578 viviendas. Esto representa un incremento de un 59% respecto a 2023, cuando se incoaron 308 expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística. La agencia dictó el pasado año 337 resoluciones, ordenándose el cese de 405 VUT y archivando por restablecimiento de la legalidad otras 42, al no dedicarse éstas ya al uso turístico.
En términos globales, por tanto, si sumamos estas 42 VUT a las 251 que restablecieron la legalidad ante la apertura del procedimiento, son 293 las viviendas que han vuelto a destinarse al uso residencial a lo largo de 2024.
Se iniciaron 542 procedimientos de multas coercitivas que mayoritariamente han provocado que, de forma voluntaria, los propietarios de las viviendas hayan restablecido la legalidad. Así ha ocurrido en 2024 en 251 viviendas que han dejado de dedicarse al uso turístico. Se han impuesto 89 multas coercitivas (de entre 1.000 y 3.000 euros). Se han impuesto, además, 92 sanciones por la implantación y desarrollo de un uso incompatible con la ordenación urbanística, derivado del ejercicio de la actividad de vivienda de uso turístico sin la preceptiva licencia. De esas sanciones, 89 han sido por valor de 30.001 euros cada una y las tres restantes por valor de 60.001 euros cada una, por reincidencia.