La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el Consejo de Ministros del próximo martes 29 de abril aprobará el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
En la clausura del Congreso de CCOO Industria que se celebra en Toledo, la titular de Trabajo ha explicado que el Consejo de la semana que viene verá en segunda vuelta el anteproyecto de ley y lo aprobará para que inicie así su tramitación parlamentaria.
Esta iniciativa, fruto de un acuerdo entre Trabajo y los sindicatos y del que se descolgó la patronal, será aprobada dos días antes de que CCOO y UGT salgan a la calle el Primero de Mayo para instar al Gobierno y a las fuerzas políticas a sacar adelante esta nueva jornada laboral.
CEOE acusa a Díaz de "oportunismo político"
La CEOE ha manifestado su rechazo ante el anuncio de aprobación del proyecto de ley de reducción de jornada el próximo martes en el Consejo de Ministros y ha acusado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de "oportunismo político", al sacarlo adelante en la antesala del Primero de Mayo.
En un comunicado remitido este jueves, la patronal ha llamado a la "responsabilidad" para que durante el trámite parlamentario de la norma se tenga en cuenta su opinión y se disponga de un adecuado análisis de impacto económico.
La CEOE ha dicho que defiende la reducción de la jornada, pero "ajustada a las necesidades de cada sector a través de la negociación colectiva" y ha advertido del "grave impacto" que tendrá sobre la actividad económica y el empleo, en especial, pymes y en algunos sectores.
Ha señalado que sólo la intención de reducir el tiempo de trabajo, antes incluso de ser aprobada la norma, "está ocasionando ya un freno en la negociación colectiva", una infraestructura que, ha dicho, va a ser dinamitada al situarse la jornada máxima legal por debajo de la jornada promedio pactada en los convenios colectivos.
Asimismo, los nuevos requerimientos que la norma recoge sobre el registro horario "son de muy difícil cumplimiento" por falta de infraestructura y competencias digitales en empresas y trabajadores.También ha considerado que el derecho a la desconexión "ya está suficientemente preservado en la normativa vigente".