A Nuria su inquilina dejó de pagarla en marzo del año 2020. Desde entonces se han suspendido dos órdenes de desahucio, una de ellas por un ataque de ansiedad de la inquiokupa, que fue declarada vulnerable.
La propietaria también fue declarada vulnerable al tener que pagar tres hipotecas: la de su piso, la de su negocio y la de su okupa. Está asfixiada económicamente y denuncia que la actual ley obligue al propietario a hacerse cargo de las carencias del Estado.
Desde el año 2020, Nuria no ha vuelto a cobrar los 450 euros de alquiler por su piso. El primer año, con las prórrogas del contrato vencidas, intentó recuperar las llaves. No pudo.
En el año 2021, el primer lanzamiento se anuló por la vulnerabilidad de la inquilina. En el segundo, hace algo más de un año se anuló por un ataque de ansiedad. Mientras, el piso le sigue costando alrededor de 2500 euros al año.