Agencias y organismos públicos económicos advierten de las consecuencias de la condonación de la deuda impulsada por el Gobierno
- La AIReF propone condicionar la condonación de deuda a que se cumplan las reglas fiscales
Las agencias y organismos públicos económicos han advertido de las consecuencias de la condonación de la deuda impulsada por el Gobierno central.
La autoridad pública AIRef, la fundación de estudios FEDEA y las dos principales agencias internacionales de calificación aseguran que tendrá consecuencias negativas en la solvencia de España. De este modo, sus analistas desacreditan el plan pactado entre el ejecutivo de Pedro Sánchez y los independentistas catalanes.
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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha propuesto acompañar la condonación de parte de la deuda autonómica de una "condicionalidad fiscal" con el objetivo de garantizar que no se vuelva a acumular deuda por encima de lo que permiten las reglas fiscales.
La AIReF ha hecho pública una nota informativa con las consideraciones que su presidenta, Cristina Herrero, trasladó el miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre la propuesta de que el Estado asuma más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica.
Tal y como avanzó la propia vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la AIReF aboga por establecer lo que denomina una "condicionalidad fiscal" con el doble objetivo de garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales y evitar "problemas de azar moral".
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Montero subrayó que esta condicionalidad no está en la propuesta de Hacienda, pero dejó abierta la puerta a que se introduzcan modificaciones durante el trámite parlamentario si así lo acuerdan los grupos.
La AIReF recuerda que aunque el ahorro en intereses -entre 6.500 y 7.000 millones, según Montero- se traducirá en una reducción del déficit autonómico, este concepto no computan a efectos de regla de gasto, es decir, que las comunidades autónomas no podrán gastar más sin incumplir esa regla.
Por ello, la AIReF aboga por establecer mecanismos de control para limitar el uso que las comunidades autónomas pueden dar a los ingresos extra que van a obtener como resultado de la condonación de parte de su deuda y evitar así que, aún cumpliendo el déficit, se desvíe el gasto computable.
