El Supremo rechaza por unanimidad anular la renovación de García Ortiz como fiscal general
- Desestima el recurso que presentó la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)
El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado por unanimidad anular la renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha adoptado esta decisión un día antes de que declare como investigado ante el juez Ángel Hurtado por la presunta filtración denunciada por Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Rechazada la petición del fiscal general del Estado de aplazar su declaración como investigado
Así lo ha informado esta mañana el tribunal, que ha adelantado su fallo y que en los próximos días hará pública la sentencia en la que esboza los argumentos en los que sustenta su decisión.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso que presentó la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) contra la decisión del Gobierno de renovar, en diciembre de 2023, a García Ortiz como jefe del Ministerio Público.
Semana clave para el fiscal general del Estado, doble cita en el Supremo donde acude como imputado
Las fuentes consultadas inciden en que, indistintamente del fallo que se adoptara este martes, la causa contra García Ortiz por presunta revelación de secretos continuará en manos del Supremo. Ello, según explican, porque además de ser fiscal general es fiscal de Sala, cargo que también está aforado ante el alto tribunal.
“Que el fiscal general del Estado esté siendo objeto de investigación y que tenga que declarar puede afectar a la imagen de las instituciones"
Con respecto a la opción que ha escogido García Ortiz de mantenerse en el cargo a pesar de las acusaciones, desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria señalan que “es una decisión personal”, aunque “esta decisión sí tiene consecuencias para el resto de la Fiscalía, porque al final es una mancha de imparcialidad que se va repartiendo a todos los demás fiscales que cada día realizan su actuación de forma normal, bajo los principios de jerarquía”, tal y como nos ha contado Verónica Ponte, miembro del comité nacional de la AJFV.
“Que el fiscal general del Estado esté siendo objeto de investigación y que tenga que declarar puede afectar a la imagen de las instituciones, y eso es grave”, ha añadido Ponte.
