La Mesa del Congreso de los Diputados lleva este martes a su reunión el acuerdo entre PSOE y Junts para delegar las competencias en inmigración y fronteras a Cataluña. Pedro Sánchez no tiene garantizado el apoyo de todos sus socios de investidura.
Sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles han pedido este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que pare el "atropello" a las competencias de estos cuerpos que, en su opinión, supone el acuerdo del Gobierno con Junts para la cesión de competencias a Cataluña en materia migratoria.
Feijóo ha prometido a los sindicatos combatir ante los tribunales y en la UE el traspaso de inmigración.
Para Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, el acuerdo con Junts supone "una vulneración del marco constitucional, un menoscabo para la seguridad nacional y un ataque directo a la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña".
"Permitir que una comunidad autónoma gestione estas competencias podría generar desigualdades y un efecto llamada con consecuencias imprevisibles. Asimismo, la falta de coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad puede derivar en un aumento de la delincuencia organizada y en una gestión deficiente de los flujos migratorios", subraya Jupol.
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) considera que esa cesión sería "inconstitucional" y ha advertido de los problemas que podría acarrear para la seguridad nacional una ley que "pone en riesgo el control de la frontera sur de Europa y las diferentes tareas policiales que a nivel transnacional se llevan a cabo diariamente entre las policías estatales".
Desde de las asociaciones de guardias civiles, la mayoritaria, Jucil, ha trasladado a Feijóo el "abandono" que sufren por parte del Gobierno e instituciones del Estado y le han pedido "un compromiso claro y concreto en defensa de las funciones y despliegue de la Guardia Civil". Para Jucil, el objetivo del Gobierno es "reducir al mínimo la presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional en comunidades con partidos políticos que defienden la independencia".
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha trasladado su "profunda preocupación" por el "impacto" que el acuerdo con Junts puede tener en la labor del cuerpo, especialmente en las unidades que trabajan en la protección de las fronteras y la seguridad en las zonas más afectadas por la presión migratoria. "Es inaceptable que cuestiones tan sensibles se utilicen como moneda de cambio en negociaciones políticas, sin tener en cuenta a los profesionales que día a día garantizan la seguridad en nuestras fronteras" ha argumentado.
GRANDE MARLASKA DICE QUE EL ACUERDO CON JUNTS "NO MODIFICA NADA LA SITUACIÓN ACTUAL"
El ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, ha recalcado este lunes que el acuerdo migratorio entre el PSOE y Junts no implica la cesión del control de fronteras, que seguirá en manos de la Policía y de la Guardia Civil, ni tampoco de los flujos migratorios irregulares.
"La Policía Nacional y la Guardia Civil seguirán haciendo las funciones que desarrollan en fronteras, una vez que se apruebe la ley de la ley de Delegación de facultades", ha señalado Marlaska que asegura que el acuerdo se enmarca en "ampliar las capacidades de autogobierno" de Cataluña para "ser más eficaces en la prestación del servicio público". "Siempre con cooperación y coordinación y nunca con confusión de competencias".
Respecto a que el conocimiento del catalán sea un requisito para lograr la residencia, el ministro ha asegurado que la legislación actual determina claramente lo que son el uso de las lenguas oficiales. "Es un elemento que determina evidentemente circunstancias como el arraigo susceptibles de ser valorable; En modo alguno y también va a ser determinante que una persona tenga la residencia o sea expulsada. Eso es algo obvio", ha dicho.
La Mesa del Congreso de los Diputados admitirá a trámite este martes la proposición de ley del PSOE y Junts para la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña.
Vox ha pedido apartar al secretario general del Congreso, Fernando Galindo, de la tramitación de la proposición de ley de PSOE y Junts para traspasar a Cataluña la competencia integral de inmigración y lo justifica en que el letrado mayor está "contaminado" porque, antes de su nombramiento, fue director general y subsecretario en el Ministerio de Política Territorial.