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Entra en vigor el nuevo reglamento de Extranjería
- Reduce los plazos para obtener la residencia, reordena los visados y amplía la reagrupación familiar
- Entidades sociales critican el retroceso para las personas que piden asilo en España

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Este martes entra en vigor el nuevo reglamento de Extranjería con el que el Gobierno prevé regularizar a 900.000 inmigrantes en tres años.
Refuerza el arraigo, reduciendo de 3 a 2 años la estancia para obtener el permiso de residencia. Amplía las posibilidades de reagrupación familiar y reordena los visados en cuatro categorías: tránsito aeroportuario, corta y larga duración y búsqueda de empleo.
El reglamento amplía de 3 meses a un año el visado para encontrar trabajo, flexibilizando además los requisitos.

El Ayuntamiento de Madrid da un plazo de un mes al Gobierno para atender a solicitantes de asilo
Otra de las novedades es que los estudiantes van a poder contar con una autorización de estancia por estudios que dure el mismo tiempo que su formación, y se les va a facilitar una vía rápida para poder enlazar con una autorización de trabajo una vez acabada su formación.
Con el objetivo común de la inclusión, el nuevo reglamento recoge la creación de una autorización de residencia para familiares de ciudadanos españoles, en cuyo caso se amplía la edad de los hijos hasta los 26 años (antes 21).
Además, se contemplan realidades que hasta ahora se mantenían fuera, como la posibilidad de incluir a las parejas no registradas formalmente que pueda acreditar una relación afectiva análoga.

900.000 inmigrantes podrán ser regularizados en tres años con el nuevo Reglamento de Extranjería
Varias entidades de apoyo a los migrantes han criticado el retroceso que la norma supone para los peticionarios de asilo en caso de denegación
Pese a los avances, las cinco entidades alertaron sobre las graves consecuencias que tendrá la aplicación del reglamento para miles de solicitantes de asilo cuyas peticiones sean rechazadas o que hayan desistido de ellas.
Durante la tramitación de dicha solicitud, que suele durar entre uno y dos años, estas personas cuentan con una autorización para permanecer y trabajar en el Estado español.
Con la reforma del reglamento, la denegación supondrá la pérdida de esta autorización para decenas de miles de personas, que además deberán esperar dos años más para poder acceder a una autorización por arraigo.