El Gobierno central ha decidido aumentar, en más de 200, las plazas de los centros de acogida de Alcalá de Henares y Carabanchel.
Una medida de la que el ejecutivo regional, según su portavoz Miguel Ángel García, ha tenido conocimiento por un correo electrónico remitido por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en el que se comunicaba la ampliación en 108 plazas más en el centro de Carabanchel y en 105 plazas más en el centro de Alcalá de Henares.
Una forma que ha justificado el delegado del Gobierno, por el "bloqueo institucional" existente y del que ha responsabilizado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz ha asegurado que han recibido la noticia “con sorpresa y con indignación porque este Ayuntamiento no ha tenido una sola comunicación al respecto”,
Ha afeado que “antes” se “despachaba” al Consistorio “una vez a la semana” con un “correo electrónico” en el que se concretaba el “número que había” de inmigrantes en el centro de Carabanchel.
“No sabíamos los que entraban, no sabíamos los que salían, no sabíamos dónde iban los que salían, no sabemos si hay o no menores en ese acuartelamiento de Arteaga. Y, ahora, parece ser, según publican ustedes y según nos dice también la Comunidad de Madrid, que se pretende incrementar el número de personas que puedan estar allí, pero a este Ayuntamiento nadie le ha dicho nada”, ha insistido la segunda edil de la capital.
Y ha sentenciado: “Yo creo que no se puede hacer una política de estas características de esta manera. Creo que ya está bien” de tratar así a las administraciones que “al final” tienen “luego que responder” son las políticas sociales municipales.
La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet considera que "es una deslealtad absoluta el comportamiento del delegado del Gobierno, Francisco Martín, que miente de manera sistemática y oculta información a los vecinos sobre los aumentos de capacidad que hace del centro de inmigrantes de tapadillo".
Para Piquet, a Martín "no le importa en absoluto cómo puede afectar esta medida a los ciudadanos de Alcalá, a los servicios públicos del Ayuntamiento y a los propios inmigrantes cuya cantidad en el centro aumenta de manera exponencial sin que aumenten de la misma manera los servicios y prestaciones que el Gobierno de España dedica a los mismos".