Paro de jueces y fiscales pidiendo la retirada de dos reformas impulsadas por el Gobierno
- Jueces y fiscales denuncian continuos ataques a la Justicia y el descrédito de la Fiscalía
- Más de cien jueces y fiscales del Supremo y la Audiencia Nacional se concentran frente al alto tribunal
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Foto: TELEMADRID
Jueces y fiscales han realizado este miércoles un paro simbólico de 10 minutos para denunciar que la independencia judicial "está bajo amenaza" con las reformas legales emprendidas por el Gobierno, en un ambiente de "continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía".
Así lo afirman en un manifiesto las cinco asociaciones convocantes de este paro: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Piden la retirada del proyecto de ley que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal y del anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal porque -argumentan- suponen una "amenaza" a la independencia judicial.
Unas reformas que van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder "con minúscula", un poder "más débil"
Denuncian, asimismo, que estas reformas tienen lugar en un ambiente de "continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía", con declaraciones políticas que "deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan", que tratan al Ministerio Fiscal como "un apéndice el Gobierno" y que, por todo ello, "minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia".
Unas reformas que van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder "con minúscula", un poder "más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder".
La presidenta del Supremo pide respeto a los jueces ante las injerencias del Gobierno
Denuncian que el proyecto de ley de reforma del Poder Judicial va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para su formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración.
Critican además que se tramite "injustificadamente" por la vía de urgencia y que "meta la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces", al tiempo que pretenda crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, "con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país".
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Se muestran preocupados por el proceso de regularización de jueces y fiscales sustitutos "sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad" y que supone un "grave perjuicio" para las promociones más jóvenes.
"La existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma"
En 120 Minutos hemos hablado con María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que afirma que "se pretende con estas reformas, a través de un proceso de estabilización, diluir la composición actual de la carrera judicial y obviar principios como el mérito, la capacidad y la igualdad de todos los que accedemos a la carrera judicial porque las resoluciones de los jueces independientes no convienen".
En cuanto a la reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, advierten que con ella quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, que "seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo".
Esto, "sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción".
Así, reclaman la retirada de ambos proyectos y, de no ser así, no descartan medidas "más intensas", como la huelga. "La existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma", subraya el manifiesto, que subraya que ambas exigencias "son imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país".
