Mañana convulsa en los juzgados de Plaza de Castilla donde este miércoles acuden a testificar hasta siete testigos en la causa contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Concretamente se trata de los representantes de Google Spain, Indra y Telefónica, así como la empresa Arsys Internet y quienes fueran vicerrectores de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio y José María Coello de Portugal.
Cabe recordar que ambos excargos de la Complutense ya comparecieron con anterioridad ante el juez Juan Carlos Peinado.
De estas declaraciones, el juez instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, quiere dilucidar cómo se financió y cuánto dinero puso cada una de las empresas en el software de la Universidad Complutense que la mujer de Pedro Sánchez registró a su nombre.
Una vez finalizada la declaración del representante de Telefónica citado en este caso, ha trascendido que en sede judicial ha explicado que la esposa del presidente del Gobierno reclamó la financiación para la cátedra que dirigió en la UCM utilizando su influencia con uno de los accionistas de la compañía, el empresario Rosauro Varo, que es hijo de una exdiputada del PSOE y con quien Begoña Gómez tenía una relación previa.
Varo fue el encargado de las gestiones pertinentes para conseguir la financiación y para la cual se celebraron hasta dos reuniones en la sede central de la empresa tras las cuales, finalmente, Telefónica aporto 55.000 euros para el software.
Por su parte, Indra informó por escrito al juez a principios de diciembre de que invirtió 128.442 euros en el 'software' del máster de Transformación Social Competitiva de la Complutense.
Esta misma semana ha trascendido que la empresa Google ha comunicado al magistrado que invirtió 110.000 euros en el software.
La esposa de Pedro Sánchez descartó a preguntas de su abogado que se apropiase de las marcas al inscribir TSC Transformación Social Competitiva o del software de la cátedra que --según insistió-- había sido financiado por empresas, por lo que negó que tuviese ánimo de lucro alguno, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas.
LA INVESTIGACIÓN DEL SOFTWARE
Fue el pasado octubre cuando el juez amplió la investigación contra Gómez para indagar en la querella que presentó Hazte Oír por presunta apropiación indebida del 'software' de la UCM y por supuesto intrusismo en la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de asistencia y asesoría técnica para crear dicho 'software'.
Después de que se acordara su citación, su abogado --el exministro socialista Antonio Camacho-- defendió por escrito que si Gómez firmó el pliego de prescripciones técnicas fue "porque la UCM así se lo indicó expresamente".
La defensa también aportó correos que, a su juicio, prueban que dos miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense le señalaron "cómo debía registrar" el dominio de Internet por el que ahora se le investiga.
Sobre este extremo, incidió en que el registro de dicho dominio "fue realizado siguiendo las instrucciones de la propia UCM".