El juez del 'caso Koldo' pide al Tribunal Supremo que investigue a Ábalos
- El alto tribunal es competente para abrir causa penal contra el exministro por su condición de aforado
El juez Ismael Moreno ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, al considerar que hay "indicios fundados y serios" de que tuvo un "papel principal" en el conocido como caso Koldo.
El magistrado de la Audiencia Nacional atribuye a Ábalos una "imputación clara y concreta" en el caso a través de una serie de indicios de que el exministro pudo incurrir en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, como sostiene también la Fiscalía Anticorrupción.
Como Ábalos está aforado ante el Tribunal Supremo por ser diputado, el magistrado ha constatado que no puede seguir con la investigación, por lo que tendrá que asumirla el alto tribunal y determinar si se queda con toda la causa o solo la parte que afecta al exministro.
El magistrado cree que Ábalos ocupó un papel principal en el entramado que supuestamente se lucró con la venta de mascarillas durante la pandemia y que intervino para la adjudicación de contratos a la empresa Soluciones de Gestión supuestamente a cambio de contraprestaciones, como el uso y disfrute de un chalé en Cádiz.
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En su resolución, le atribuye un delito de pertenencia a organización criminal por el "papel principal" que ocupaba en el entramado creado por el "comisionista" Víctor De Aldama para conseguir negocios con las administraciones públicas.
También un delito de tráfico de influencias por la intervención del entonces ministro para la adjudicación a Soluciones de Gestión, así como por su intervención en la contratación, por parte de dos empresas públicas (INECO y TRAGSATEC), de la mujer con la que entonces mantenía una relación personal.
En cuanto al delito de cohecho, el juez lo aplica al uso y disfrute de una vivienda en La Alcaidesa (Cádiz) como pago de su mediación en la adjudicación de los contratos de suministro del material sanitario.
Otro indicio del cohecho, según el juez, seria el pago del alquiler del piso en el que residió la mujer relacionada con Ábalos en el centro de Madrid, desde marzo de 2019 hasta septiembre de 2021, por un importe de 88.101, 43 euros y que abonó Aldama a través de testaferros.
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El juez considera que de lo investigado hasta el momento se infiere la “existencia de una organización criminal; de concierto previo para conseguir la adjudicación de los contratos”.
El exasesor de Ábalos, Koldo García, cobraba por mediar y conseguir su adjudicación y las operaciones para ocultar tales cobros, así como para evitar la trazabilidad de los ingresos obtenidos.
Recuerda el juez Moreno que el inicio de esta causa se centró en la investigación del negocio de las mascarillas y permitió poner al descubierto la relación privilegiada de De Aldama en el entonces Ministerio de Fomento através de Koldo García, asesor del ministro.
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Como patrón general de comportamiento, Aldama pagaba de manera recurrente y periódica a Koldo la cantidad de 10.000 euros al mes por la influencia con Ábalos y el asesor actuaba en beneficio del propio Aldama y de sus empresas.
Estos pagos a Koldo, que podrían denominarse ordinarios, según el juez, se han visto acompañados de otros de carácter extraordinario cuyo beneficiario sería Ábalos.
Los más evidentes observados hasta el momento son los relativos a la compra del chalet de La Alcaidesa, así como del alquiler del piso que disfrutaba la mujer con la que el ministro mantenía una relación.
Estas contraprestaciones, según el magistrado, tendrían como principal razón de ser, mantener el acceso de De Aldama tanto a Koldo como a Ábalos, "en beneficio propio y de terceros directamente relacionados con el propio" De Aldama.
Esta acción corruptora, le permitía a De Aldama asegurarse un lucro económico, "asentado en la estructura societaria criminal de sus socios, presuntos partícipes también de la organización criminal objeto de investigación".
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También, prosigue el juez, queda acreditada la perdurabilidad en el tiempo de esta organización criminal "integrada en principio por diez personas investigadas en la causa, de manera simultánea a la celebración de los contratos investigados e, incluso, con posterioridad a los mismos (salvoconductos para disfrutar de libertad de movimientos de ciudadanos venezolanos u obtención de título de operadora para Villafuel)", sociedad esta última investigada en el caso Hidrocarburos por el que De Aldama están está en prisión provisional.
De esta forma, la influencia de Koldo y Ábalos no quedó circunscrita al tiempo que estuvieron en el Ministerio, ya que tras su salida en julio de 2021, "se siguen observando pagos recurrentes a KOLDO por parte de ALDAMA hasta septiembre de 2022".
Mediante las intervenciones telefónicas se ha acreditado cómo, incluso, en diciembre de 2023 y enero de 2024, Koldo recurría a Ábalos para actuar en beneficio de Soluciones de Gestión frente a la Administración Balear, y la deuda millonaria que le reclamaban.
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El juez considera que a lo largo de estos meses de investigación ha quedado acreditada la vinculación de Ábalos con los contratos de material sanitario adjudicados a Soluciones de Gestión y que De Aldama era conocedor “de manera anticipada” de la necesidad de realizar una contratación con carácter de emergencia.
Los indicios recabados -a través de los correos electrónicos intervenidos, las declaraciones de testigos, las intervenciones telefónicas, y el análisis parcial de los dispositivos electrónicos- permiten al juez concluir, de manera indiciaria, que la selección de dicha empresa partió de De Aldama y de algún alto cargo del Ministerio de Transportes, con la permanente participación de Koldo.
De la propia auditoría aportada por el Ministerio que dirige ahora Óscar Puente, se desprende, apunta Moreno, que "el propio ÁBALOS y/o su Gabinete podría haber sido quien contactara con SOLUCIONES, negociara con estos y modificara el objeto de la emergencia para que finalmente coincidiera con lo ofertado por la empresa”, unas consideraciones que coinciden con el informe de la UCO de la Guardia Civil.
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El juez también ve de "interés" el "papel" que jugó Ábalos en el rescate público a la compañía Air Europa, en 2020, aunque al mismo tiempo "asume en su integridad" el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que, sin embargo, no veía "una participación crucial o determinante del entonces ministro" en el rescate. Ese papel de "interés" estaría reflejado en las conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos y que le permiten al juez apreciar que Aldama se valió de su relación con Ábalos para influir en la concesión del rescate a esta empresa.
Moreno menciona al respecto los encuentros entre altos cargos del Gobierno con De Aldama y Javier Hidalgo, entre ellos con Ábalos y la exministra de Economía Nadia Calviño, el pasado 16 de julio de 2020, y en los cuales habrían tratado el rescate de la compañía, que habría fructificado en favor de la citada aerolínea según trasladaba el mismo Ábalos a Hidalgo”.
