Realojos, derribos, falta de electricidad y de otros servicios básicos, siguen siendo los problemas que denuncian los vecinos de la Cañada Real. Este domingo vuelven a manifestarse. Varias asociaciones vecinales de la Cañada Real han convocado una marcha para reclamar "luz, contratos de suministro básicos" y el cese de "derribos y vertidos ilegales" en el asentamiento donde residen más de 8.000 personas y que pertenece a los municipios de Coslada, Rivas y Madrid.
María López, representante de la plataforma cívica por la luz en Cañada Real, cuantificó el pasado emes de enero, en 4.500 los vecinos que están sin luz desde hace casi cuatro años y medio.
La movilización se articulará en dos marchas paralelas, que tienen previsto confluir a las 12:00 horas en las inmediaciones del colegio Mario Benedetti. Desde este punto de encuentro, la manifestación unificada se dirigirá hacia la sede del Ayuntamiento.
Las asociaciones convocantes, entre las que se encuentran la Asociación Vecinal Barrio Unido Sector 4, el Grupo Afectados Zona Sin Asfaltar Sector 6 y la Plataforma Cívica Luz para Cañada, denuncian que, mientras que el sector 1 ha sido prácticamente integrado en Coslada y el sector 2 cuenta con contratos de agua y luz, otros sectores de la Cañada Real han visto "negado el acceso a servicios públicos básicos", una situación que afecta a una población en constante crecimiento.
En manifiesto, las asociaciones vecinales denuncian, además, que los vecinos de la Cañada Real sufren la carencia de transporte público, contratos de luz y agua, viales sin iluminación nocturna, servicio de correos y la ausencia de otros equipamientos esenciales.
Recuerdan además que el 2 de octubre de 2020 se instalaron limitadores en las líneas eléctricas que, bajo la justificación de combatir plantaciones ilegales, provocaron el corte total del suministro eléctrico en el Sector 6 (el más grande y poblado) y afectaron parcialmente al Sector 5.
En este contexto, las asociaciones resaltan la reciente condena a España por los cortes de luz en la Cañada Real emitida a finales de febrero de este año por el Comité Europeo de Derechos Sociales, dependiente del Consejo de Europa. El Comité concluyó que para garantizar los derechos a la vivienda, la salud y la educación, las personas deben tener un "acceso estable, constante y seguro a energía adecuada".