Tres fiscales del Tribunal Supremo creen que el Fiscal general del Estado debería dimitir
- Los fiscales del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, Salvador Viada y Consuelo Madrigal denuncian preocupantes injerencias del Gobierno en la Fiscalía
Los fiscales del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, Salvador Viada y Consuelo Madrigal han manifestado este viernes su preocupación por las actuales injerencias políticas del Gobierno en la Fiscalía, y los dos primeros han estimado además que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debería dimitir.
Zaragoza y Madrigal, dos de los fiscales que participaron en el juicio a los líderes políticos del proceso de independencia de Cataluña -el conocido caso del 'procés'-, y Viada han intervenido en una jornada sobre 'El horizonte del Ministerio Fiscal en el Estado de derecho' organizada por la asociación de jueces Foro Judicial Independiente.
El primero ha lamentado que en la etapa democrática "ningún gobierno ha renunciado a transmitir la idea de que la Fiscalía es su brazo armado" pero ha estimado que "la situación ahora es más preocupante".
"La independencia judicial no se entiende sin la independencia del Ministerio Fiscal", ha añadido Javier Zaragoza, que ha considerado que "ahora volvemos a cuestionarnos la idea de separación de poderes quizá porque el Judicial ve que sufre un cierto acoso e intento de politización y colonización".
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A su juicio, es necesaria una reforma legal en cuestiones sobre las condiciones que debe cumplir el fiscal general para garantizar su independencia e imparcialidad, o aumentando su tiempo de mandato de los cuatro años actuales a seis o siete años y mejorando los mecanismos de resolución de discrepancias ante órdenes a fiscales y de nombramientos. En este sentido ha recordado que el Tribunal Supremo ha llegado a calificar como "desviación de poder" algún nombramiento acordado recientemente en la Fiscalía.
Javier Zaragoza ha aclarado que el hecho de que el nombramiento del fiscal general sea propuesto por el Gobierno no significa que esté subordinado a él. "Por política criminal el Gobierno puede sugerir actuaciones al fiscal general pero no le puede dar instrucciones, salvo que haya intromisiones e injerencias y el problema es la imagen que está percibiendo la sociedad", ha comentado.
Consuelo Madrigal, que fue fiscal general del Estado, ha recalcado que la separación de poderes es un pilar fundamental del régimen democrático y constitucional, y "la independencia del Poder Judicial es clave para los contrapesos en el ejercicio de todos ellos". "Y no se ha configurado un Ministerio Fiscal que pueda actuar con plena imparcialidad al margen del poder político o contra los intereses del poder político, antes no era fácil pero ahora es imposible", ha concluido.
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Por su parte, Salvador Viada cree que son "momentos especialmente graves" y ha denunciado "los abusos, las arbitrariedades y las chapuzas que se cometen día a día en esta institución".
"Y en los últimos tiempos más por el auge del fenómeno independentista que trata de socavar la unidad del Estado y unas fuerzas políticas que atacan a la monarquía y otras que atacan el régimen del 78, que están además, de alguna manera, ayudando al PSOE en el poder, lo que determina que se está sacudiendo al sistema y la Fiscalía está sometida a unos vaivenes tremendos", ha manifestado.
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Durante la jornada han sido preguntados si Álvaro García Ortiz debería dimitir ante una posible apertura de una causa penal en el Tribunal Supremo si este órgano decide investigar la denuncia de supuesta revelación de secretos por la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Javier Zaragoza ha dicho: "Si yo estuviese en esa situación, con todo lo que se ha producido en estos meses, habría dejado el cargo hace tiempo pero cada uno tiene sus valores y sus principios".
Salvador Viada cree que debe dimitir y ha comentado que "el fiscal general tiene poderes enormes y puede tener la tentación de utilizarlos para protegerse a sí mismo, pero esto no es una empresa y si el jefe de la institución que tiene que preservar la ley está bajo sospecha no debería seguir".
Consuelo Madrigal se ha limitado a señalar: "Hay que ser imparcial y parecerlo". cng/ros
