Prisiones de la Generalitat propone la semilibertad para los líderes del "procés" presos
Los nueve máximos responsables del "procés" tendrían que ir únicamente a dormir a la cárcel, de lunes a viernes, y pasarían el fin de semana en sus casas
Pedro Sánchez dice que no tiene "nada que objetar" porque es algo "tasado"
REDACCIÓN / AGENCIAS
Las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas de Lledoners, Wad-Ras y Puig de les Basses han propuesto, por unanimidad, conceder el tercer grado a los nueve líderes independentistas presos, con lo que en principio solo tendrían que acudir al centro penitenciario a dormir entre semana. Según ha explicado en rueda de prensa el secretario de Medidas Penales de la Generalitat, Amand Calderó, las cárceles han revisado este jueves la clasificación penitenciaria de los líderes independentistas presos, que desde el pasado mes de enero están en segundo grado, aunque flexibilizado con el artículo 100.2, que les permite salir a trabajar y hacer tareas de voluntariado.
Con la propuesta de las juntas de tratamiento, que en un plazo máximo de dos meses debe ser ratificada por la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima para hacerse efectiva, los presos del "procés" tendrían que ir únicamente a dormir a la cárcel, de lunes a viernes, y pasarían el fin de semana en sus casas.
Los reclusos podrán acceder a la libertad en cuanto lo ratifique la Generalitat, aunque el tercer grado puede ser recurrido por la Fiscalía -que hasta ahora se ha opuesto a todas las flexibilizaciones penitenciarias de los presos- ante el juzgado de vigilancia y, a diferencia del 100.2., la última palabra la tendría el Supremo, como tribunal sentenciador.
Con el tercer grado, los nueve internos podrían ir a dormir a centros penitenciarios abiertos, a las llamadas "unidades de dependientes" -viviendas compartidas para presos en semilibertad bajo supervisión- o incluso a su casa, si se les aplicara en un futuro el artículo 86.4 del reglamento penitenciario que se utilizó para excarcelar reclusos durante la pandemia.
A diferencia del pasado mes de diciembre, en que las juntas de tratamiento propusieron el segundo grado a los líderes del "procés" en contra del criterio de algunos de sus miembros, la decisión de hoy ha sido acordada de forma unánime por la treintena de técnicos que integran los equipos de Lledoners, Wad-Ras y Puig de les Basses.
Los líderes del "procés" tienen la posibilidad de acceder al régimen de semilibertad cuando llevan internos entre dos años y medio y tres y, desde el pasado mes de febrero, disfrutan de salidas semanales para trabajar, hacer voluntariado o cuidar a familiares dependendientes.
En la rueda de prensa, Calderó ha precisado que las juntas se han reunido simultáneamente a las 9 horas de esta mañana para "proteger de amenazas y coacciones a los funcionarios de la Generalitat", después de que en pleno confinamiento por la pandemia el Tribunal Supremo advirtiera de que actuaría contra ellos si excarcelaban a los líderes independentistas.
La decisión de proponer la semilibertad a los presos del "procés" la han adoptado 30 profesionales diferentes de las tres cárceles que, ha precisado el secretario, han valorado la conducta, la adaptación al centro, las condiciones del entorno, la ausencia de antecedentes y el riesgo de reincidencia de los internos. En ese sentido, ha insistido en que los funcionarios "deben trabajar en libertad", por lo que ha hecho un llamamiento a confiar en los profesionales, y ha pedido que "nadie se equivoque de adversario" criticando las decisiones de las juntas puesto que éstas no deben ser "armas arrojadizas".
El secretario ha asegurado de que la ejecución de la sentencia del "procés' no está sobre la mesa de ningún conseller ni presidente" de la Generalitat, porque si dependiera del Govern "nunca habrían estado en la cárcel". En opinión del secretario, "ninguna convicción personal de ningún conseller o miembro de la junta de tratamiento puede modificar ninguna sentencia", por lo que atribuir las decisiones sobre los presos a motivos partidistas sería "mirar al dedo y no a la Luna".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves que no tiene "nada que objetar" al hecho de que las juntas de tratamiento de las cárceles donde cumplen condena los presos condenados por el 1-O hayan propuesto su tercer grado penitenciario. "Absoluto respeto, es algo que está tasado y reglado en la legislación penitenciaria y, por tanto, nada que objetar", ha dicho Sánchez preguntado en una entrevista en La Sexta.
El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha acusado este al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a la consellera de Justicia, Esther Capella, y al líder de ERC, Oriol Junqueras, de haber decidido "liberar, poner en tercer grado" a los nuevos políticos presos condenados por el Tribunal Supremo por el 1-O. "Respetamos todas las decisiones judiciales, pero esto no ha sido una decisión judicial. Ha sido una decisión tomada por Junqueras, Torra y Capella, que han decidido liberar, poner en tercer grado, a los políticos presos por hechos gravísimos", ha lamentado en un mensaje colgado en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press.
Para Carrizosa, no es normal ver una rueda de prensa para informar de que se les concede el tercer grado, algo que "prueba hasta qué punto la administración de Torra y Capella están involucrados ideológicamente" en esta decisión. Por ello, ha pedido a la Fiscalía que exija "igualdad de trato" para todos los presos de España porque, en su opinión, no puede haber políticos presos con privilegios por encima de otros. "Pedimos que se aplique la ley con igualdad para todos. No hay ciudadanos de primero por el hecho de ser amigos de los políticos que gobiernan", ha asegurado.
El eurodiputado del PP y exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido reaccionaba en su cuenta de Twitter señalando que la “geometría variable” de Sánchez Castejón sigue sumando despropósitos".
Por su parte, Sociedad Civil Catalana (SCC) considera que la Fiscalía debería recurrir el tercer grado a los condenados del 'procés' si finalmente les es concedido por la consejería catalana de Justicia, ya que no son “delincuentes cualquiera”, en referencia a que fueron condenados por sedición y malversación por el Tribunal Supremo. En declaraciones a Servimedia, Xavier Marín, vicepresidente de SCC, dudaba que vaya a ocurrir por las “concesiones” del Gobierno a ERC.