El PP irá al Constitucional si el Congreso no debate de nuevo sobre la ley que beneficia a etarras
- El PP planteará un conflicto constitucional si el Congreso no vota de nuevo la ley de antecedentes
- El Congreso confirma que ha enviado al Gobierno para su publicación en el BOE la ley que beneficia a etarras
El PP del Senado presentará un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional si la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no atiende la solicitud de la Cámara Alta de convocar un Pleno para debatir el veto a la ley de intercambio de antecedentes de la UE, que incluye una enmienda que beneficia a presos etarras.
En una rueda de prensa este viernes en la Cámara Baja, la portavoz popular, Alicia García, calificó de "inadmisible" el acuerdo de la Mesa del Congreso de no convocar una sesión plenaria "sin ningún informe jurídico que lo avale". Sostuvo que, con esta actuación, Armengol "boicotea las competencias del Senado" e intenta "amordazar" a esta institución.
El Senado rechaza la ley de antecedentes y la devuelve al Congreso al considerarla vetada
La portavoz popular ha informado de que su grupo ha registrado una solicitud para que el Senado requiera formalmente a la Mesa del Congreso una rectificación, y ha adelantado que si no lo hace acudirán al Tribunal Constitucional mediante el conflicto entre órganos constitucionales, algo inédito entre las dos cámaras legislativas.
El Congreso ha confirmado que ya ha enviado al Gobierno para su publicación en el BOE la ley que convalida penas de cárcel a presos de ETA, con lo que ya da prácticamente por cerrada la puerta a rectificar la decisión que adoptó la Mesa de la Cámara el pasado martes y que el PP ha recurrido.
El Congreso publicará en el BOE la reforma que beneficia a presos de ETA sin nueva votación
Se trata de la ley que inicialmente fue aprobada por unanimidad en el Congreso y que sólo en su última fase parlamentaria en el Senado, tras una denuncia de la AVT quejándose de que la convalidación de penas también afectaba a presos de ETA, perdió el apoyo de PP y Vox y fue rechazada por el Pleno de la Cámara Alta.
El Senado, con la mayoría absoluta del PP y un informe de la Secretaría General, interpretó que ese rechazo por mayoría absoluta en la ultima votación debía interpretarse como un veto, pese a que ningún grupo había presentado previamente la correspondiente enmienda de totalidad.
