El Congreso aprueba en comisión el dictamen del Pacto contra la Violencia de Género
- Cuenta con el apoyo de todos los grupos menos Vox
La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso ha aprobado el dictamen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el apoyo de todos los grupos menos Vox. En concreto, ha obtenido 34 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.
Así, los grupos parlamentarios han aprobado la propuesta de informe para el nuevo dictamen.
Este tiene 462 medidas entre las que destacan la violencia de género, la vicaria, la digital y la económica.
Sumar, ERC, PNV, Podemos y BNG presentaron votos particulares al informe y Vox voto particular de oposición total.
Por el contrario, PP, PSOE y Junts no registraron modificaciones al texto.
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Entre las medidas aprobadas que aparecen en el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, los grupos piden promover, desde el Ministerio de Igualdad, en el marco de sus competencias, las medidas que tiendan a garantizar una "formación especializada, inicial y continua" en materia de violencia vicaria para todos los profesionales que tengan un contacto habitual con los niños y adolescentes víctimas.
También solicitan facilitar la denuncia en sede policial a los menores, "adaptando los servicios policiales a sus circunstancias, incluyendo los espacios físicos y las dependencias donde se recogen sus testimonios, las personas que les atienden y la metodología que se aplica para realizar el trámite testifical".
Así, demanda garantizar la especialización del personal que les atiende en este primer momento, con especial atención a los menores víctimas de violencia vicaria.
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Asimismo, reclaman reconocer, regular y definir la violencia económica en el derecho como forma de violencia de género.
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Para ello piden que se entienda como "acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios, así como de reducir o anular su capacidad económica presente o futura para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos, o para continuar con sus hábitos anteriores".
Por otro lado, apuestan por sancionar a quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, "difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, softwares, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias (deep fakes)".
