La Mesa del Congreso califica este martes las cuatro proposiciones de ley presentadas por PP, Sumar, Podemos y una conjunta de ERC y BNG para dejar dejar exento de tributación el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un asunto sobre el que la parte socialista del Gobierno ha dejado claro que no va a dar marcha atrás.
El rechazo de Sumar a la tributación del SMI ha desatado un pulso entre la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien se mostró este lunes abierta a un acuerdo en el seno del Gobierno, aunque avisó de que, en caso contrario, lo decidirá el Congreso de los Diputados.
Una vez que la Mesa haya calificado las cuatro iniciativas remitirá al Gobierno los textos de las proposiciones de ley para que se pronuncie sobre si tiene alguna objeción en que se tramiten y plantee, si lo estima, veto a las mismas, para lo que tiene un plazo de 30 días laborables.
El veto del Ejecutivo es una atribución recogida por la Constitución en su artículo 134.6, que dice que toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.
En el caso de que el Gobierno decidiera vetar las iniciativas, la actual composición de la Mesa, donde PP y PSOE tienen dos diputados cada uno y Sumar uno, podría hacer que éste se rechazara y dar paso a la tramitación de cualquiera de los cuatro textos siempre y cuando PP y Sumar -que juntos tienen mayoría- unieran sus votos para ello.
Casi una semana después del choque público por este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros entre la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y Yolanda Díaz; PSOE y Sumar mantienen sus posiciones enfrentadas a cuenta de la tributación del salario mínimo pero no renuncian a un acuerdo.
Desde Sumar aseguran que hay tiempo para negociar con el ministerio de María Jesús Montero y confían en que los socialistas acabarán cediendo, mientras que la parte socialista del Gobierno sigue defendiendo la tributación del SMI.