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El Tribunal Supremo avala que se pueda nombrar directores generales en sectores estratégicos que no sean funcionarios
- Entrevista a Rafael Santiago, de COSITAL
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El Tribunal Supremo ha respaldado la designación de directores generales fuera de la función pública en áreas estratégicas del Estado, como el sector ferroviario y la Dirección General de la Cooperación Autonómica y Local.
Para entender mejor qué implica esta decisión, a quién podría afectar y cómo se interpreta la sentencia, hemos contactado con Rafael Santiago, de COSITAL.
Con su fallo, el Tribunal considera que la experiencia proveniente del sector privado es adecuada para ocupar estos cargos, lo que justifica la excepción al requisito de ser funcionario de carrera establecido en la ley.
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Esta decisión parece también respaldar lo que estipula el Real Decreto 1009/2023, el cual permite excepciones basadas en las características particulares de las funciones que desempeñan los directores generales.
Por otro lado, la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA), que agrupa a funcionarios de alto nivel, había impugnado estos nombramientos sostenían que no se justificaba adecuadamente la excepción y que podría ir en contra del principio de profesionalidad que debe anteponerse en la administración pública.
Esta resolución tiene un impacto significativo en los funcionarios, quienes defienden que los puestos de alta dirección deben ser ocupados por personas con experiencia en la administración pública, para garantizar la estabilidad y profesionalidad del servicio.
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Sin embargo, también abre la posibilidad de que profesionales del sector privado puedan acceder a estos puestos si cumplen con los requisitos de experiencia específicos.
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