Julio Padilla, exvocal del Consejo General del Poder Judicial, ha señalado a Buenos Días Madrid, se ha mostrado contundente al señalar que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debería dimitir de su cargo tras ser imputado por el Alto Tribunal por presunta revelación de secretos. "Un fiscal general del Estado al que el Tribunal Supremo ha imputado debe dimitir", dijo
El magistrado, asimismo, ha instado a buscar una solución que termine con el bloqueo existente en el seno del CGPJ, entre conservadores y progresistas, para el nombramiento de al menos una treintena de vacantes existentes en los tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales. Y advirtió que "si no se encuentra una solución vamos a encontrar bastantes escenarios de bloqueo" en el futuro, por lo que remarcó que, al igual que el Consejo no puede estar en manos de los partidos y el gobierno, tampoco debe quedar "en la manos de las asociaciones judiciales".
El magistrado, por otra parte, valoró positivamente la posición critica y contundente que mantiene con los partidos la presidente del CGPJ, Isabel Perelló, "en defensa de la imagen de independencia e imparcialidad del poder judicial". Y argumentó que en nuestro sistema "la ley es la habilita a los jueces a tomar sus decisiones", por tanto "la legitimidad del juez le viene de la ley, no del gobierno".
Asimismo, preguntado por la decisión del Partido Popular ha elevado a Europa sus preocupaciones sobre la renovación del CGPJ y otros organismos, como RTVE, advirtiendo riesgos para el estado de derecho, Padilla matiza que tales riesgos solo se materializarían si las instituciones pierden su continuidad, algo que, por ahora, no parece estar en peligro gracias a su propia solidez.
El magistrado argumentó que "el manejo malo de las instituciones no altera la estructura y validez del estado de derecho" y que éste estaría en riesgo tan sólo "en medida en que esté en riesgo la continuidad de las instituciones".
Otro tema candente abordado es la ley de amnistía, actualmente en manos del Tribunal Constitucional tras la recusación del magistrado Macías. Según Padilla, la ciudadanía percibe estos movimientos con "aburrimiento e indiferencia", fruto de un proceso político que ha priorizado intereses particulares sobre la estabilidad institucional.
