
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en Twitter
- Compartir en Whatsapp
- Compartir en Messenger
- Compartir en Messenger
Francisco Martínez pasa a disposición judicial por la presunta venta de datos en el mercado negro
- Martínez fue detenido por su presunta vinculación con una red criminal dedicada al ciberataque de organismos públicos y empresas estratégicas

- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
El exnúmero dos de Interior del PP, Francisco Martínez, y el 'hacker' Alcasec comparecen este jueves en la Audiencia Nacional tras ser detenidos por su presunta vinculación con una red criminal dedicada al ciberataque a organismos y empresas que se habría hecho con datos sensibles de millones de ciudadanos.
El exsecretario de Estado de Seguridad, pendiente de juicio del 'caso Kitchen' de presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas en 2013, y el hacker José Luis Huertas, con varias causas judiciales, fueron detenidos el martes junto a otras dos personas: A.M. y el 'youtuber' Alvaro Martín, arrestado en Andorra y para quien se cursará una petición de extradición.
La jueza María Tardón interroga este jueves a los tres primeros en una causa que mantiene bajo secreto y en la que investiga delitos de organización criminal, blanqueo y descubrimiento y revelación de secretos, particularmente allanamiento o intrusismo en un sistema informático y apoderamiento y cesión de datos reservados.
La organización contaría con una sofisticada infraestructura tecnológica diseñada para maximizar la extracción, almacenamiento, procesamiento y explotación de datos
La investigación se centra, según informó la Policía en un comunicado, en torno a una supuesta red criminal que se habría hecho con información sensible de millones de ciudadanos, incluidos datos personales procedentes de sistemas educativos, registro civil, registros de mascotas, abonos de transporte, registros telefónicos y plataformas de facturación de compañías eléctricas.
Dicha organización contaría con una sofisticada infraestructura tecnológica diseñada para maximizar la extracción, almacenamiento, procesamiento y explotación de datos obtenidos ilícitamente, según fuentes jurídicas.
La información se conseguía mediante ciberataques contra sistemas de organismos públicos y privados y, a partir de esa acumulación progresiva de datos, la organización elaboraba presuntamente perfiles de personas e instituciones con el objetivo de maximizar su capacidad de control, explotación estratégica y comercialización de información sensible.