El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado en su Pleno ordinario de este jueves en contra de que Alvaro García Ortiz continúe como fiscal general del Estado al considerar que no es idóneo para el cargo, emitiendo así una opinión que no es vinculante, por lo que el Gobierno podrá seguir adelante con su renovación, pero que sí es inédita en democracia, ya que hasta ahora el CGPJ no había informado en contra del candidato de Moncloa.
Las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press señalan que, de los 16 vocales que forman actualmente el CGPJ --10 conservadores, incluido el presidente interino, Vicente Guilarte, y 6 progresistas-- solo 15 han participado en el debate sobre García Ortiz.
El vocal Enrique Lucas, alineado habitualmente con el bloque progresista, se ha ausentado porque su hermano, Pablo Lucas, es uno de los cinco magistrados que firman la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) que achacó a García Ortiz una "desviación de poder" por ascender a su predecesora, Dolores Delgado, a la máxima categoría de la carrera fiscal por haber estado al frente del Ministerio Público.
El Consejo ha declarado no idóneo a García Ortiz por 8 votos contra 7. Han informado en contra los vocales Angeles Carmona, Nuria Díaz, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Anotnio Ballestero, Wenceslao Olea y Carmen Llombart. Por contra, le han apoyado Guilarte, Roser Bach, Juan Martínez Moya, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Alvaro Cuesta y Mar Cabrejas.
Hasta ahora, el CGPJ había avalado a los candidatos elegidos por el Gobierno, primero por unanimidad y ya en los últimos tiempos con oposición interna. Así, en julio de 2022, el Consejo respaldó el desembarco de García Ortiz en la Fiscalía General del Estado (FGE) por 12 votos --tanto progresistas como conservadores-- contra 7, de vocales conservadores.
En esa ocasión, cosechó el mismo resultado que Delgado. Respecto a ella, los vocales discordantes manifestaron que el hecho de saltar directamente del Ministerio de Justicia a la FGE creaba "una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de independencia".
A través de este informe, el órgano de gobierno de los jueces cumple con el trámite de audiencia que impone la Constitución para poder nombrar al fiscal general del Estado. Sin embargo, se trata de una opinión no vinculante.
Para emitir dicho informe, el CGPJ analiza la idoneidad del candidato en base a los dos requisitos que marca a ley: ser un jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional.