El Ayuntamiento de Móstoles ha confirmado la imposición de dos sanciones por las irregularidades cometidas en la demolición de unos edificios antiguos del casco, la conocida como 'Casa Roja' de Móstoles, además de trasladar a la Fiscalía el expediente para que investigue si hay más responsabilidades.
En concreto, el Consistorio ha impuesto dos expedientes sancionadores contra los actuales propietarios de los edificios demolidos: una de ellas con una cuantía de 300.000 euros por la tala de árboles y otra de 30.000 euros por la excavación de una cueva sin el permiso pertinente.
Estos expedientes sancionadores se iniciaron en octubre de 2024 después de que la asociación Amigos de la Historia de Móstoles (AHIMOS) alertara de una posible destrucción de patrimonio histórico de la ciudad durante la demolición de unos edificios antiguos del casco, la conocida como 'Casa Roja' de Móstoles.
ARQUITECTURA TRADICIONAL
Esta presunta agresión al patrimonio se habría producido durante los trabajos de demolición de una serie de casas bajas situadas entre los números 3 y 9 de la calle Ricardo Medem y el número 10 de la calle América, según denunciaron entonces desde AHIMOS en un comunicado.
Desde esta asociación aseguraban que uno de esos edificios, la citada 'Casa Roja', contaba "con una magnífica bodega dotada de más de una docena de tinajas, pajar, maquinaria y aperos de labor y su estado no era, en absoluto, ruinoso", además de que ser "un exponente estupendo de la arquitectura tradicional del Móstoles agrario".
La actuación fue autorizada inicialmente por el Ayuntamiento con base en una declaración responsable presentada por el promotor aunque, según descubrieron desde el Consistorio tras la denuncia, no tenía autorización para excavar la cueva, que parece haber sido cegada, por lo que se abrió de inmediato un expediente sancionador.
Fuentes municipales insistieron entonces que los promotores de la obra no podían excavar "de la cota cero hacia abajo", ya que estos trabajos tienen que tener otra licencia distinta, que "estaba en trámite" pero que no se les había concedido, por lo que "no podían haber hecho lo que han hecho".
"SANCIONES INSUFICIENTES"
El concejal de Urbanismo, Vivienda, Patrimonio y Mantenimiento de la Ciudad, Sergio Soler (PP), explicó además que "se habían amparado en una declaración responsable para hacer lo que no debían", ya que "no podían haber metido una maquina excavadora como pretendían hacer, porque no tenían licencia".
Además, reiteraron que el Ayuntamiento había actuado "rápido siempre", que en "menos de 24 horas se les paralizó" la obra y que "tienen abierto un expediente disciplinario sancionador" por ello y "otro expediente abierto porque no procedieron a la protección de los elementos vegetales en la parcela".
Sin embargo, estas sanciones impuestas resultan del todo "insuficientes" para algunos partidos de la oposición, como el PSOE, ha llevado el asunto al Pleno de este jueves, insistiendo en que, según la ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid (art. 204.2.c), podría haber sido sancionada como falta muy grave con hasta 3 millones de euros".
BIEN DE INTERÉS PATRIMONIAL
En este sentido, en el PSOE ya revelaron hace unos meses que existe un informe de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid que asegura que "el inmueble contaba con varios niveles de protección y no podía ser demolido sin la autorización previa correspondiente, la cual nunca fue solicitada".
Este informe revelaba que, además de ser un bien catalogado y un yacimiento documentado, la 'Casa Roja' de Móstoles formaba parte de los bienes de interés patrimonial (BIP) debido a su valor etnográfico.
En base a este informe, desde el PSOE insisten en que esta demolición de la 'Casa Roja' "no respetó las normativas legales, se produjo sin tener en cuenta los valores históricos, culturales y etnográficos que le otorgaban una protección legal dentro del patrimonio de la Comunidad de Madrid".
Desde el PSOE de Móstoles consideran que "la situación no debe quedar impune", ya que "la declaración responsable presentada por el promotor contenía información falsa sobre la protección del inmueble, lo que agrava aún más la situación".
Por ello, han exigido nuevamente que se aplique la máxima sanción permitida por la normativa, que asciende a 3 millones de euros, además de reclamar medidas para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.
Aún así, desde el Consistorio reiteran que desde la Concejalía "han hecho ya lo que debe, según el ordenamiento jurídico y según las ordenanzas", por lo que han trasladado a Fiscalía lo que corresponde, para que sea esta quien investigue si hay mayores responsabilidades en la demolición de la llamada 'Casa Roja'.