La Fiscalía archiva la investigación sobre talas en Montecarmelo
- El fiscal investigador de la Sección de Medio Ambiente afirma que "no hay el más mínimo indicio de prevaricación en estas actuaciones municipales"
La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado las diligencias de investigación sobre la tala y trasplante de árboles en el terreno del futuro cantón de limpieza de Montecarmelo, que fueron denunciados por la Plataforma de Afectados por el Cantón pero que según el fiscal "respetaron escrupulosamente los trámites y limitaciones recogidos en la ley".
En un decreto fechado el 20 de mayo y al que ha tenido acceso EFE, el fiscal investigador de la Sección de Medio Ambiente afirma que "no hay el más mínimo indicio de prevaricación en estas actuaciones municipales", como denunciaba la entidad vecinal, y tampoco un "delito de daños por parte de Urbaser", adjudicataria del proyecto, y que las intervenciones fueron "debidamente autorizadas".
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En este sentido, recalca que, siguiendo las directrices de la Ley de protección de arbolado urbano de la Comunidad de Madrid, contaba con estudios técnicos presentados por el órgano promotor e inspección del órgano competente, así como con la evaluación individualizada del estado de cada árbol.
En cuanto a la destrucción de nidos denunciada por los vecinos, que podría constituir un delito si afectara a especies protegidas, "no se acredita de forma suficiente" y responde a "incidentes muy puntuales", por lo que para el fiscal "no existe base fáctica para apreciar actuación dolosa ni tampoco imprudencia grave".
Por último, la Plataforma de Afectados alegaba que los trabajos en el terreno van en contra de la sentencia judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid que, debido a la omisión del trámite de evaluación de impacto ambiental, anula los decretos municipales que dan cobertura a la instalación de un cantón de limpieza y una base del Selur en la parcela citada.
A este respecto, el fiscal señala que "no afecta a las actuaciones iniciadas, y que son previas", y que además la sentencia "no es firme ni ejecutiva", por lo que no representa un impedimento legal a la continuación de los trabajos.
No obstante, la Fiscalía apunta que "la prudencia más elemental aconseja que, por parte del Ayuntamiento, se suspendan todas las actuaciones encaminadas a la ejecución del contrato para la instalación del cantón" hasta que la sentencia sea firme, hasta su ejecución provisional o hasta la tramitación de la evaluación de impacto ambiental.
