La Comunidad de Madrid ofrecerá asesoramiento gratuito a las víctimas de okupación

La Comunidad de Madrid ofrecerá asesoramiento judicial gratuito, asistencia especializada y atención psicológica para las víctimas de okupación en la región.

Así lo ha dado a conocer la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha destacado que se podrá recibir de manera inmediata ese asesoramiento jurídico gratuito por parte de los abogados de los colegios de Madrid y de Alcalá de Henares, además de ofrecer atención psicológica gratuita por parte de la Red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito de la Comunidad de Madrid, donde se pondrá especial atención a personas de mayor vulnerabilidad.

Más de 9.000 viviendas okupadas

Así consta en el protocolo de actuación frente a la ocupación ilegal de las viviendas que ha firmado la presidenta con los decanos de los colegios de abogados y procuradores.

Tal y como ha señalado Díaz Ayuso, se estima que en la región hay ahora mismo más de 9.000 casas okupadas.

"Y aunque la Comunidad de Madrid carece de las competencias suficientes para solucionar definitivamente esta lacra, no vamos a ponernos de perfil", ha indicado.

Además, ha informado de que hasta la fecha la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha abonado más de dos millones de euros en ayudas para arrendadores afectados por situaciones de impago o bien por ser víctimas de okupación de sus viviendas.

Un nuevo servicio especializado

Para atender estas demandas, el Gobierno regional creará un nuevo servicio especializado sobre ocupación a través del 012 de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, estableciéndose un procedimiento de comunicación con el 112 Ocupación para que las víctimas puedan recibir al instante esta ayuda.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha subrayado la necesidad de modificar todas aquellas leyes que impiden a los jueces la expulsión inmediata de los okupas, devolviéndoles la posibilidad de actuar con carácter urgente en los procedimientos.

"Son síntomas de males profundos, pero no son males de España, de la sociedad española, ni de nuestra Constitución, que son buenas y están sanas.

Son males de quienes quieren desde el poder y las administraciones no hacer lo que se debe, con rigor jurídico y respeto por la verdad", ha enfatizado.